Piura: INPE denunciará por secuestro agravado y extorsión a presos que tomaron como rehenes a trabajador e interno en penal

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que denunciará por el delito de delito de secuestro agravado y extorsión a los presos que tomaron como rehenes a un agente penitenciario y a un interno para exigir que sean trasladados a otra cárcel.

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“El INPE ha instruido a su Procuraduría a fin de denunciar a los involucrados por el delito de secuestro agravado y extorsión, será inflexible ante cualquier acto de indisciplina que vulnere la seguridad de los penales y exhorta a la población penitenciaria a mantener una convivencia pacífica”, indicó la entidad en un comunicado.

Además, detalló que un grupo de presos del área de meditación, que se encontraba en aislamiento voluntario por medida de seguridad, tomaron como rehenes al reo al Jimmy Jhonatan Vigo Solano y al agente de seguridad penitenciaria, William Rivera Suárez, quienes fueron amenazados con arma blanca.

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“La autoridad penitenciaria activó los protocolos de seguridad para garantizar el aislamiento de la zona y recuperar el control del área de meditación. Asimismo, se comunicó sobre los hechos a la Fiscalía de Turno para que se constituyan al penal. La fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, María Lazo Alburqueque, se constituyó al recinto carcelario a fin de escuchar sus demandas”, indicó el INPE.

Tras ello, según indicó, agentes de seguridad de la Oficina Regional Norte del INPE realizaron una intervención en el establecimiento penitenciario de Piura y lograron reducir a los internos sin violencia.

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Los internos que participaron fueron identificados como Raúl Vera Gallegos, Delver Yasmani Gómez Garay, Sadith Alberto Córdova Cienfuegos, Maximiliano Pereza Castro, Ricardo Taboada Albán, Hugo Iván Reguera Arévalo, Wilferson David Castillo Soto, Jeremy Aguilar Gonzales y Yovanni Samame Tapia. A ellos se les abrió procedimiento disciplinario sancionador.

Por otra parte, el INPE expresó su preocupación debido a que el Ministerio Público autorizó la entrega de un celular a los internos “para grabar una situación de crisis”, lo que consideró “implica divulgar la ejecución del presunto delito de secuestro agravado y extorsión, lo cual genera zozobra en la ciudadanía”, ya que las imágenes fueron difundidas en redes sociales.