El proyecto del Congreso de la República busca incluir a representantes de universidades en consejo directivo de Sunedu y reactivar sin cambios el sistema de acreditación que fue declarado en reorganización hace ocho años. (Foto: Archivo El Comercio)
El proyecto del Congreso de la República busca incluir a representantes de universidades en consejo directivo de Sunedu y reactivar sin cambios el sistema de acreditación que fue declarado en reorganización hace ocho años. (Foto: Archivo El Comercio)
Abby Ardiles

Luego que el Congreso de la República aprobara por mayoría el proyecto de ley que busca la recomposición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (), el presidente de la República anunció que el Ejecutivo observaría la autógrafa.

Con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó en segunda votación recomponer el consejo directivo de la Sunedu para incorporar a representantes de universidades públicas y privadas, y que el superintendente ya no sea nombrado por el ministro de Educación, sino por los miembros del consejo.

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Pero, ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para observar la norma? El dictamen tiene un período de 15 días hábiles para que el Ejecutivo decida si lo observa; es decir, este plazo expirará el próximo 30 de mayo.

El experto en políticas públicas de educación superior, Jorge Mori, explicó para El Comercio que de no observarse la autógrafa de ley, esta sería promulgada por el Congreso y, en 30 días, el Consejo Directivo de la Sunedu cambiaría en su totalidad, cesando la actual gestión.

Lo primero que va pasar es la modificación del Consejo Directivo por parte de los representantes de las universidades. Con esto la Sunedu va perder imparcialidad”, advierte Mori.

Por su parte, también detalló que, de observarse la ley, esta regresaría al Congreso y ahí decidirían si toman en cuenta las sugerencias de modificación o optarían por seguir insistiendo por el mismo modelo. “El Pleno debe volver a votar la ley y requerirían 66 votos para aprobarla en una nueva votación”, agregó.

Para el experto es evidente la vulneración de la educación superior y declaró que actualmente diversos ciudadanos y agrupaciones se encuentran recolectando firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad inmediata ante el Esta acción buscaría que la norma promovida por el Congreso sea declarada como inconstitucional y posteriormente derogarla si se llegara a promulgar.

El licenciamiento de la Sunedu es un proceso que ha permitido cumplir con condiciones básicas de calidad y le ha otorgado a los estudiantes una garantía pública que esa educación es de calidad”, declaró.

Morí aseveró que la fiscalización imparcial de la educación es clave para seguir garantizando un buen desarrollo académico y profesional de muchos peruanos. Asimismo, no descartó que esta contrarreforma tenga fines económicos e ideológicos para beneficiar a universidades privadas cuestionadas por lucrar con la educación y que buscan el debilitamiento de la educación universitaria.


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