Un chofer de combi con 70 papeletas, un proceso por homicidio y exposición de personas al peligro. Un excandidato al Congreso que encabezó uno de los peores paros de transporte en la capital, dejando a decenas de miles de pasajeros varados. El gerente de una empresa que debe cinco millones de soles en papeletas. Un sujeto que busca incluir vehículos con más de veinte años de antigüedad a la ciudad. Estos son algunos de los rostros que acompañaron este miércoles al ministro de transportes, Juan Francisco Silva Villegas.
Ocurrió durante la reunión que tuvo con varios gremios de este sector, los cuales salieron beneficiados con una serie de anuncios a cambio de no acatar el paro este 8 de noviembre. Tras la reunión del miércoles se filtraron audios en los que se escucha el compromiso del ministro Juan Silva para ampliar automáticamente las autorizaciones de ruta por diez años a todas las combis y coasters de Lima y Callao, algo que va en contra de la reforma del transporte. También, se anuncia la salida de las jefas de los principales brazos fiscalizadores del transporte: María Jara, de la Autoridad del Transporte (ATU), y Patricia Cama, de la Sutrán. La funcionaria que dirigía esta última entidad fue retirada del cargo ayer sin que se le haya comunicado, según informó.
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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
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Estos cambios, para Silva, son parte de una “reorganización” de las principales entidades del transporte.
La nueva jefa de la Sutrán desde ayer, Doris Violeta Alzamora Chamorro, fue gerenta de transporte urbano en la última gestión municipal de Luis Castañeda Lossio. En ella, según un informe de la campaña #NoTePases de El Comercio, se introdujo una combi cada 24 horas a las caóticas calles de la ciudad.
En la reunión también estuvieron Aníbal Torres, ministro de Justicia, y Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En otro de los audios filtrados ayer, se escucha a los transportistas afirmar que el propio ministro de Justicia les dio una “salida legal” para autorizar a combis por diez años más. También se escucha al ministro de Transportes decir que el borrador de resolución suprema para que María Jara “renuncie” a la ATU ya está en manos del presidente Pedro Castillo.
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Aníbal Torres, ministro de Justicia y Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, también estuvieron en la reunión entre agremiados del transporte y el titular del MTC, Juan Silva.
En la reunión destaca la presencia de Martín Valeriano Napan, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Tiene un proceso judicial por homicidio culposo, en el que además se le imputa el delito de abandono y exposición de personas en peligro u omisión al socorro, en el Séptimo Juzgado Penal.
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Ha recibido unas setenta papeletas, entre graves y muy graves, la mayoría a bordo de una miniván Toyota Hiace, de la que hasta hoy es propietario, y arrastra una deuda de más de 800 soles.
En otro audio se escucha a un representante del MTC prometer la condonación de multas y la reducción del costo de las papeletas a los transportistas.
El sistema combi: un régimen perverso
Para Cynthia Yamamoto, abogada especializada en temas de ciudad y transporte, es contradictorio que la reunión se haya enmarcado en un supuesto proceso de “reorganización”, y al mismo tiempo, que se amplíe las autorizaciones de ruta a todas las combis de Lima, las cuales han causado muerte y desorden por décadas.
“El mensaje que se ha dado ayer marca un horizonte con un compromiso político: se ve cómo se transmite a la sociedad de que el ministro va a hacer modificaciones políticas, que pueden ser legales, pero no son lícitas ni justas, al transporte. El MTC puede tener facultades para cumplir estos compromisos, pero olvida que existe una política nacional de transporte urbano, desde hace tres años, aprobada, que dice cuál es la ruta para el cambio de modelo del servicio de transporte en el país”, dice Yamamoto, activista en defensa de peatones y pasajeros.
Para la especialista, tener diez años más del régimen combi significa que el proyecto de un sistema integrado de transporte, con pago único y una tarjeta interconectada para todas las modalidades, es una realidad lejana.
Actualmente, el modelo laboral bajo el que opera el transporte público es conocido como el régimen ‘comisionista-afiliador’. En este sistema basado en ‘autorizaciones’, no existen vínculos formales entre chofer, dueño del vehículo, empresa de transportes y titular de la ruta, lo que hace que los buses de una misma ruta o empresa compitan entre sí para ganar pasajeros, a diferencia de un modelo de concesiones que obligaría a las empresas a tener choferes en planilla y con frecuencias de buses definidas.
En este sistema actual, una sola persona es titular de una ruta, pero al no tener ni unidades propias ni solvencia económica convoca a cualquier dueño de bus y choferes sin filtros, a través de letreros como: “Se reciben unidades”.
Este régimen hace que los buses de una misma flota ‘correteen’ entre sí, generando desorden en las calles y una larga lista de accidentes de tránsito.
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