Pasamayo: empresa involucrada en accidente transfiere sus bienes |#NoTePases

El 2 de enero de este año, Christian César Quillahuamán Cusihuamán, de 40 años, conducía por Pasamayo con dirección a la compañía minera Raura-Oyón. Iba en un vehículo modificado semirremolque de la empresa TJ Corporation Levisa S.R.L. Según la PNP, manejaba a excesiva velocidad en una zona donde lo máximo permitido es 45 km/h. En una de las tantas curvas, invadió el carril contrario y empujó a un bus de la empresa San Martín a un precipicio de 100 metros. En el accidente fallecieron 52 personas y seis sobrevivieron, pero quedaron con graves secuelas. La noticia llegó hasta el Vaticano. El papa Francisco envió sus condolencias a las familias. Levisa, en cambio, enterró la cabeza.

Antes de que las autoridades pidieran siquiera su inclusión en el proceso como tercera civil responsable, Levisa se deshizo de la mayoría de sus bienes. Si al 22 de enero del 2018 la empresa contaba con 47 vehículos a su nombre, tres meses después se había deshecho de 43 de ellos.

Levisa transfirió siete de sus unidades (2 pick-ups, 3 furgones, un camión y un remolcador) a una de sus accionistas, María Julia Romero Espinoza. Diecinueve bienes (13 plataformas, 2 camas bajas, 2 remolcadores, 2 barandas) pasaron a nombre de Corporation Arcali S.R.L., otra empresa de la familia. Y 17 (4 remolcadores, 11 camas bajas y 2 plataformas) fueron transferidas a Miriam Octavia Medrano Romero, quien figura como beneficiaria de un programa asistencial del Estado. Ella este mes ha recibido dinero de Bono 500, un fondo para damnificados de El Niño costero. Según el Ministerio de Vivienda, su casa quedó “inhabitable”. Sin embargo, ha sido capaz de ‘desembolsar’ –por lo menos en papeles– más de S/193 mil, con pagos al contado de 5 mil y 3 mil soles.

Levisa ha transferido también los dos inmuebles semirrústicos que tenía en Ate. Ambos fueron transferidos en febrero a los hermanos Alexander Wilder y Jhon Nils Poma Romero (accionistas de Levisa) y a Arcali S.R.L.

“Todo queda en familia”, se quejan los hermanos de Tatiana Velazco Portocarrero, una de las 52 víctimas. “Se han repartido todo entre ellos para evitar embargos”, agregan.

—Lentitudes—
Tatiana Velazco, de 50 años, era la segunda de seis hermanos. Economista, laboró más de 20 años en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en la Cooperación Alemana del Desarrollo. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional del Trabajo y del Grupo de Análisis para el Desarrollo. La semana pasada, fue condecorada de manera póstuma por el presidente Martín Vizcarra con la Orden del Trabajo en el grado de Comendador. Su madre, Raquel Portocarrero, recibió el premio en su nombre.

El 2 de enero, Tatiana regresaba de Huacho, donde había celebrado el Año Nuevo. Sus sobrinos la esperaban para jugar ajedrez. Eran sus engreídos. Tatiana no tuvo hijos. Tampoco se casó. “Luego del accidente, no reaccionamos. Estábamos de duelo. Acabando enero nos pusimos a revisar en qué iba la investigación y descubrimos que Levisa estaba transfiriendo sus bienes”, dice Antonio Velazco, otro hermano de Tatiana.

El 26 de enero exigieron que se declarase a Levisa tercera civil responsable y que se dispusiera el secuestro conservativo de los bienes de la empresa para asegurar la reparación económica de los 6 sobrevivientes y las 52 familias enlutadas. El fiscal a cargo se tomó hasta el 14 de marzo para sustentar el pedido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral.

A inicios de marzo, este Diario buscó a los sobrevivientes de Pasamayo. Los representantes de Levisa no se habían acercado a ninguno de ellos para indagar por su salud. Algunos, como Lenin Bances, tuvieron que enviar cartas notariales a la empresa para que asumiera su responsabilidad como dueña del vehículo sindicado como causante del accidente. Levisa contestó por escrito que eso se vería en un juicio. “Se comportaron como inhumanos. Se esfumaron”, denunció Roberto Villalobos, padre de Kevin Villalobos Rojas, otro sobreviviente que permanece en el hospital naval.

Levisa buscaría que el chofer –con prisión preventiva– asuma la culpa solo. “¡Pero la empresa sí es responsable! En el 2017 ese señor mató a un motociclista en Tarapoto. ¿Acaso Levisa no revisa los antecedentes de sus conductores?”, se queja Enrique Velazco.

EMPRESAS HERMANAS
El Comercio buscó los descargos del gerente de Levisa, Dick Poma, por diferentes medios. También acudió a la empresa Corporation Arcali S.R.L., donde curiosamente los empleados vestían uniformes con el logo de Levisa. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.