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Ayer, El Comercio publicó el video de una persecución por parte de colectivos informales en Ancón contra un grupo de inspectores de la Sutrán, que en venganza por una intervención sembraron una emboscada y destrozaron uno de los vehículos de esta entidad. Aquí los detalles contados por el propio superintendente de este brazo del MTC, Lorenzo Orrego Luna.
—¿Qué está haciendo la Sutrán para evitar que las agresiones continúen?
Desde hace un tiempo, a raíz de estas agresiones que se hacen cada vez más peligrosas, vamos con policías. Si vamos acompañados, la posibilidad de violencia es menor, pero este año ya hubo una fuerte agresión en Arequipa, aun con agentes de la policía.
—¿De qué gremio del transporte viene la mayor cantidad de agresiones?
De las unidades menores, los informales. Hacen viajes de colectivos o miniván. Ellos pretenden realizar traslados interprovinciales cuando no están en capacidad de hacerlo. Son carros muy pequeños, llevan pasajeros sin medidas de seguridad. Ponen más asientos de los que se les permite, superan la velocidad, no tienen GPS ni sistema contra incendios, como ordena la norma.
—Tampoco llevan a dos choferes, como corresponde para viajes largos…
Exacto. La regla dice que cada 5 horas tienes que cambiar de chofer y para eso deberían tener a dos choferes. Eso no lo cumplen. Tampoco tienen SOAT para transporte público, y en caso de accidente nadie les puede cubrir los gastos personales a los pasajeros. Los usuarios están enfrentándose a un riesgo. Las estadísticas de accidentes en vehículos particulares siempre son altas. Lo que pasa es que a veces no son tan aparatosos como cuando se trata de buses formales con muchos pasajeros. En el caso de Pasamayo fue solo un accidente con gran cantidad de muertes. Pero en los colectivos, hay muchos accidentes, cada uno con poca mortalidad, pero que en suma sí tienen consecuencias significativas. Ocasionan daños y lesiones múltiples.
—¿Cómo se organiza esta red de colectiveros?
Son mafias organizadas. Hay indicios de que están asociadas con el lavado de activos, vinculado al trafico de terrenos, cuyos miembros tienen que justificar y distribuir sus ingresos. Estas mafias organizadas tienen a vigías que los protegen. Por ejemplo, si vas a Pucusana, siempre hay un carro negro cerca de nosotros que nos toma fotos, nos observa e informa que estamos operando. Son personas que aparentemente no hacen nada pero que siempre están ahí cuando nos presentamos, y en todos los lugares donde vamos. Tienen sistemas de aviso en los puentes, como miradores, en los paraderos o salidas de los puentes, y a través de personas de la calle contratadas, que hacen el papel de ambulantes pero que trabajan para ellos. Por eso tenemos que hacer las operaciones inopinadas y rápidas. Esta gente se organiza desde los mismos terminales informales. Cuando vamos a terminales, ahí están, se organizan, buscan otro sitio para evadirnos. Están organizados de una manera mafiosa.
—De cada 10 intervenciones, ¿cuántas dejan de hacerse por la renuencia de estos conductores?
Cuando hay policías, en el 10% de los operativos hay intento de fuga. Cuando estamos solos, hay fugas hasta en el 25% de las intervenciones. No tenemos cómo detenerlos después.
—¿Cual es el protocolo que tiene que seguir el personal de fiscalización?
Cuando paramos un vehículo, se le ubica fuera de la carretera, en la berma lateral o en sitios donde podemos hacer la intervención con seguridad, por ejemplo, en orejas viales de Pucusana o Ancón. No podemos interrumpir el tráfico. Al momento de detenerlo, se le dice cuál es el motivo de la intervención y se le pide sus documentos. Si no quiere entregarlos, se le solicita a la PNP que intervenga. Muchas veces se niegan a entregar su licencia. Dicen que a bordo tienen a familiares, y nosotros intentamos demostrar que sus pasajeros pagan y no son familiares. Si no se demuestra, lo dejamos ir; de lo contrario, se queda.
—A diferencia del Reglamento Nacional de Tránsito, las multas del reglamento de carga no restan puntos en la licencia.
Somos los ejecutores de las políticas que dicta la Dirección General de Transporte Terrestre. Hemos hecho algunas sugerencias que están encaminadas en proyectos legislativos, decretos supremos, decretos ministeriales, que permitirán ser un poco más drásticos en las sanciones. Eso ya lo hemos tramitado adecuadamente.
