En los últimos años, ha leído todos los proyectos de Ley sobre Colegios de Historiadores que han sido debatidos en el Congreso. Y ninguno le ha hecho menor gracia a Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de la Historia. El último de ellos, aprobado recientemente, es el más simple de todos. Básicamente se centra en que para que un ciudadano peruano pueda ser considerado historiador, debe tener el diploma de Licenciado. Y que previa cotización, deberán inscribirse en esta flamante institución. Por cierto, ni siquiera ella podría inscribirse. Bachiller en Humanidades y doctora en Historia en 1967, ella no cuenta con el grado de Licenciada.
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Por los mismos motivos, tampoco podrían ser parte de un flamante Colegio de Historiadores los prestigiosos investigadores Jorge Basadre, Raúl Porras, Miguel Marticorena, Pablo Macera o José de la Puente Candamo, quienes del bachillerato pasaron directamente al doctorado. Tampoco podría María Rostworowski, la influyente autora de “Historia del Tahuantinsuyu”, quien forjó su carrera de forma autodidacta.
Presidenta de la Academia desde 2015, para Guerra la intención de crear un Colegio de Historiadores, es solo una forma de conseguir puestos públicos a costa de los investigadores, una plataforma que tiene que ver más con lo sindical que con lo profesional. “Se están formando grupos de poder político interesados en tomar las riendas de una institución así. Una institución ya desfasada para las características de nuestra profesión”, señala. Si bien considera que es necesario que se deberían crear espacios de comunidad para historiadores, bastaría formar una Asociación o un nuevo Instituto, nombres que, como señala la estudiosa, no implique una inscripción obligatoria.
–¿Abogados, médicos o ingenieros tienen una relación coherente con un colegio profesional. ¿Por qué no ocurre lo mismo con carreras como Historia, Sociología o el mismo Periodismo?
Porque es distinta la condición en que se desempeñan sus funciones. Por ejemplo, si una minera quiere hacer la historia de su institución, no va a convocar a un concurso público para recibir proyectos. La minera sabe a quién dirigirse para que le prepare una historia, sin interesarle si cuenta o no con un título profesional o el grado académico. Se reconoce las cualidades de esa persona, cosa que no sucede, por ejemplo, con el abogado o el psicólogo.
–¿Qué sucedería si a todos los investigadores se les pidiera Licenciatura en Historia para poder dedicarse a la investigación histórica?
Hay una buena proporción, sobre todo los que estudiamos antes que el gobierno de la Fuerza Armada estableciera la obligatoriedad de las licenciaturas. Quienes nos graduamos antes no la tenemos evidentemente. Por ejemplo, yo estudié dos años de Letras y tres de Historia, que era la manera en que se llevaba entonces la carrera en la universidad. Con cinco años de estudio ya teníamos el doctorado. Incluso el doctor Jorge Basadre nunca fue licenciado, como la doctora Rostworowski y, sin embargo, el reconocimiento que se les hace es indudable. ¿Cuál es la situación de estas personas que no han sacado su licenciatura y que definitivamente no la vamos a sacar? Tal como ha sido aprobado el proyecto, solo pueden ser licenciados los que integren el Colegio de Historiadores.
–La historia es una carrera abierta al diálogo multidisciplinario. Muchos otros investigadores de otras disciplinas pueden considerarse capaces de hacer investigación histórica sin tener un título.
Exacto. Por eso, si hay un sociólogo o un antropólogo que desempeña bien su abordaje de los temas históricos, definitivamente se le va a contratar para que se encargue de la construcción de una historia. Y no se le va a pedir que tenga el título de historiador. Con esto, lo que provocará será que se siga haciendo historia, pero al margen del Colegio de Historiadores.
–Cuando una mayoría de profesionales no se siente identificado por las instituciones, estas pierden su sentido…
Claro. Por ejemplo, tenemos el caso de los Colegios de Arqueología (hay más de uno). La intención fue agrupar a los arqueólogos, pero el resultado de ese intento fue que se formaron varios colegios. Han caído en un desprestigio muy grande.
–¿Un desprestigio debido a qué causas, según usted?
Debido a que ha habido grupos que buscan apoderarse del Colegio y no han sido realmente los más idóneos. Eso ha devenido en su desprestigio. Sucede con el mismo Colegio de Abogados.
–¿Se siente preocupada por la coyuntura? ¿La Academia Nacional de la Historia se manifestará de alguna manera?
Ya tenemos un pronunciamiento que seguramente hoy o mañana vamos a colgar. La Academia está conformada por miembros de número que residen en Lima y también por miembros correspondientes que habitan fuera de la capital, incluso por peruanistas del extranjero. La Academia no está cerrada a un pequeño grupo, sino que tiene estas extensiones en todas las regiones.
–Eso es justamente lo que postulan los que impulsan la formación del colegio. Que existen argollas en el gremio.
Hay diversos grupos. Quienes estamos en la Academia nos hemos abierto suficientemente tanto a personas de diversas universidades, como a gente de generaciones más jóvenes. Posiblemente tengamos una revisión de los estatutos porque la segunda versión de estos se aprobó en 1962, hace casi 60 años. Y en 60 años han ocurrido muchas cosas en el contexto de los historiadores, empezando porque se han incrementado considerablemente. Esto hace necesario repensar cuál va a ser la cantidad de miembros de número. En cuanto a miembros correspondientes, allí no hay límite. Si en la asamblea se considera que una persona que no trabaja en Lima puede ingresar como miembro correspondiente no hay ningún problema.
–¿Cómo ve legalmente el proceso de esta ley aprobada en el Congreso? ¿El Ejecutivo debería frenarla?
Confío que el Ejecutivo tome cartas en el asunto. Da la impresión de que en el Congreso piensan que han realizado la gran hazaña de aprobar un colegio de historiadores que nos va a proteger. ¿Nos va a proteger de qué? No hay una amenaza latente. En todo caso, cada historiador, cada profesional va ganando prestigio de acuerdo a la labor que va realizando. Con este colegio, creo que se estaría apoyando a quienes, por sí mismos, no son capaces de ganar un lugar en el ambiente académico. Se van a apoyar en el colegio para buscar contratos. Pero allí estamos hablando más de un sindicato que de un colegio. El Colegio de historiadores está yendo más a una defensa de tipo sindical que a una defensa de tipo profesional.
–Finalmente, de lo que hablamos es inventar nuevas cuotas de poder.
El peligro en el que han caído los colegios profesionales es la lucha por el control a cargo de facciones políticas. Uno de los momentos más notorios de esta influencia fue cuando se quiso formar el Colegio de Doctores de Educación. Por lo menos hubo tres facciones en pugna.
–¿Las pugnas, las diferencias por tentar cargos menores podrían ser mucho más peligrosas que algún probable beneficio que aporte esa nueva institución?
Así es. Si esto lo comparamos a los sindicatos, será la cúpula de la institución la que va a repartir las prebendas.
–¿Y quiénes son esos grupos realmente? ¿Quiénes estuvieron detrás del lobby de esta ley en el Congreso?
Son grupos en la sombra. Con esto podría pasar lo que sucedió con la Asamblea Nacional de rectores, cuando un grupo de universidades de provincia terminó tomando el control de la asamblea. Probablemente eran ellos los que daban paso a la aparición de nuevas universidades.
–¿Qué hacer entonces? ¿Desde la propia academia puede surgir un diálogo en el sector que resuelva estos enfrentamientos?
Yo creo que sí. Esta situación es sumamente peligrosa para el gremio de historiadores. La posibilidad de contar con otro tipo de asociación me parece muy válida, como es, por ejemplo, la Asociación de Historiadores Económicos. Hay pequeños grupos que pueden ir formándose y que luego intenten organizarse en una gran institución.
–Por último, ¿la idea de un historiador que no sea colegiado no pueda publicar libros de historia es un miedo real?
Creo que los historiadores que lo son de vocación seguirán publicando, porque ya tienen un prestigio ganado, tienen la posibilidad de dar a conocer lo que hacen. La Constitución reconoce la libertad de expresión y la libertad de trabajo. El colegio, si quiere impedir esto, estaría yendo contra los principios de libertad que respalda la Constitución.
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