
Hay algo que me tiene bastante preocupado, sobre todo porque sé que muchos de nuestros conocidos, como nuestros padres, abuelos, e incluso vecinos y amigos dependen de Medicare para tener una atención médica decente en Estados Unidos. Y es que el plan fiscal que impulsa Donald Trump para el año 2026, ese que él mismo llama su “gran y hermoso proyecto de ley”, trae consigo una serie de cambios al sistema de salud que podrían impactar directamente a millones de personas, especialmente a inmigrantes.
Según los últimos datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), hasta febrero de 2025 había 68.5 millones de personas inscritas en Medicare. De ellas, más del 90% son mayores de 65 años, y alrededor del 81% tienen también cobertura de la Parte D. Es decir, estamos hablando de un programa vital para la salud y el bolsillo de mucha gente. Por eso quiero explicarte, con claridad y sin rodeos, los 4 cambios más importantes que se vienen si esta propuesta avanza tal como está.

LOS CAMBIOS QUE DONALD TRUMP PLANTEA PARA MEDICARE
1. Más hospitales rurales podrían reabrir con nuevo estatus
uno de los cambios más técnicos pero importantes tiene que ver con los llamados Hospitales Rurales de Emergencia (REH). ¿Por qué importa esto? Porque desde 2005 han cerrado 146 hospitales en zonas rurales de EE. UU. y muchos otros han pasado a ofrecer atención “no aguda”, lo que en la práctica deja a comunidades enteras sin acceso rápido a servicios médicos básicos.
El nuevo plan de Trump propone algo interesante: permitir que hospitales que cerraron entre el 1 de enero de 2014 y el 26 de diciembre de 2020 —y que en su momento cumplían con los requisitos de Medicare— puedan reabrir bajo esta nueva designación REH. Es un intento de revitalizar el sistema de salud rural, aunque hay que ver cómo se implementa realmente y si alcanza para cubrir la enorme demanda de atención en esas zonas.
2. Nuevas restricciones de elegibilidad para inmigrantes
Uno de los puntos más polémicos del plan fiscal de Trump es que restringe el acceso a Medicare a ciertos grupos de inmigrantes. Actualmente, los residentes permanentes legales que han vivido al menos cinco años en EE. UU. y han trabajado diez, pueden acceder al programa.
Pero si se aprueba la ley como está, los inmigrantes indocumentados quedarían automáticamente fuera, y solo algunos grupos específicos, como residentes legales permanentes, ciertos inmigrantes cubanos y personas acogidas bajo el Pacto de Libre Asociación (COFA) con países del Pacífico, podrían seguir teniendo acceso. Esto dejaría sin cobertura a miles de personas mayores que han trabajado y contribuido a este país por años. Un golpe muy duro para nuestras comunidades.
3. Cambios en las cuentas HSA para mayores inscritos en Medicare
Hasta ahora, si una persona tiene derecho a la Parte A de Medicare ya no puede seguir aportando a su cuenta de ahorro para la salud (HSA), incluso si sigue trabajando y tiene un plan de deducible alto (HDHP). Pues bien, esto cambiaría.
La propuesta de Trump permitiría que personas mayores elegibles para la Parte A, que sigan trabajando y tengan un HDHP, puedan seguir haciendo contribuciones a su HSA. Eso sí, se establecen nuevos límites dependiendo de los ingresos. Por ejemplo:
- Si ganas menos de US$75,000 al año, podrías aportar US$4,300 adicionales.
- Las familias que ganen menos de US$150,000 al año podrían aportar hasta US$8,550.
Estos montos estarían indexados a la inflación y se reducirían progresivamente para quienes superen ciertos ingresos. Es un cambio que puede beneficiar a personas activas que aún trabajan después de los 65, pero también añade más complejidad al sistema.
4. Uso de inteligencia artificial para detectar pagos indebidos
Aquí hay algo que parece de película, pero es muy real. Dentro del proyecto fiscal, se incluye una propuesta para usar inteligencia artificial (IA) con el fin de detectar y recuperar pagos indebidos dentro del sistema Medicare. Esto es parte de una ofensiva contra el fraude, despilfarro y errores administrativos que tanto le cuestan al programa.
El plan asignaría US$25 millones al Secretario de Salud y Servicios Humanos para crear un equipo especializado —formado por contratistas y científicos de datos— encargado de analizar millones de registros y detectar irregularidades. ¿Es buena idea? En teoría sí, siempre y cuando no se traduzca en negaciones de servicios legítimos o retrasos en el acceso a tratamientos por culpa de errores algorítmicos.

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