Una propuesta fiscal de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha encendido alarmas a ambos lados de la frontera. El plan, impulsado por el congresista Jason Smith, busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados, una medida que ha sido duramente criticada desde México. Lejos de ser un simple ajuste fiscal, la propuesta ha sido interpretada como una ofensiva directa contra millones de trabajadores migrantes que, pese a su estatus migratorio, contribuyen activamente a la economía estadounidense.
Según el proyecto, los proveedores de servicios de remesas estarían obligados a retener el 5% del monto transferido al extranjero, a menos que el remitente pruebe su ciudadanía o residencia legal en Estados Unidos. Este impuesto formaría parte de un paquete más amplio de reformas fiscales, que también contempla restricciones adicionales para acceder al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), un beneficio dirigido a trabajadores de bajos ingresos. La intención declarada: hacer más estricta la política fiscal para quienes se encuentren fuera del marco migratorio legal.
El Senado mexicano hizo un llamado a la mesura ante esta propuesta (Foto: Freepik)
LA RESPUESTA DE MÉXICO FUE INMEDIATA
Desde el Senado de la República se emitió un enérgico rechazo, subrayando que los trabajadores migrantes ya tributan en Estados Unidos y que esta medida representa una forma de doble imposición. “Es injusto castigar el esfuerzo honesto de quienes tanto contribuyen a la economía estadounidense y mexicana”, señalaron en un comunicado. Además, recordaron que el 80% del ingreso de estos trabajadores se queda en EE.UU., mientras que solo un 20% —ya tributado— es enviado a sus familias en México.
El argumento económico también es contundente. México recibió 14,269 millones de dólares en remesas durante el primer trimestre de 2025, lo que representa casi el 4% del PIB nacional. Este flujo de recursos ha sido sostenido durante once años consecutivos y es un pilar clave en la economía de cientos de miles de familias mexicanas. De hecho, en marzo de este año, los ingresos por remesas crecieron un 2.7% en comparación con el mes anterior, a pesar del clima político adverso tras el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump.
El Senado mexicano también advirtió sobre el efecto contraproducente de la propuesta: podría empujar a los migrantes a recurrir a canales informales o ilegales para enviar dinero, debilitando así el sistema financiero formal y exponiéndolos a riesgos innecesarios. “Imponer un impuesto a las remesas desincentiva el uso de vías regulares y fomenta prácticas peligrosas”, alertaron. En otras palabras, la medida terminaría afectando tanto la seguridad como la trazabilidad financiera.
México recibió 14,269 millones de dólares en remesas en el primer trimestre de 2025 (Foto: AFP)
ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA FINANCIERA DE EE. UU. SE SUMARON AL RECHAZO
La Asociación de Tecnología Financiera (FTA), junto a otros gremios como la Asociación de Empresas de Servicios Monetarios (MSBA) y la Mesa Redonda de Servicios Monetarios (TMSRT), enviaron una carta al Congreso expresando su oposición al proyecto. Denuncian que el impuesto sería regresivo y dañino para los consumidores más vulnerables, al tiempo que socavaría la coherencia regulatoria y dificultaría la aplicación de leyes financieras.
Los sindicatos del sector también advirtieron que gravar las remesas afectaría a pequeñas empresas, reduciría los ingresos generales del ecosistema financiero y pondría en peligro los esfuerzos de inclusión financiera. “Un impuesto a las remesas no solo es injusto, sino que resulta contraproducente: castiga a quienes menos tienen, estimula la informalidad y crea más problemas de los que pretende resolver”, remarcaron en su declaración conjunta.
¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.
