Enrique Vaca Narvaja

Por: Enrique Vaca Narvaja (*)

El actual escenario internacional pone en evidencia, hoy más que nunca, la necesidad de agotar todos los esfuerzos que contribuyan a la solución pacífica de las controversias internacionales. En este contexto, resulta destacable la reciente adopción por consenso, el pasado 23 de junio, de una nueva resolución del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas en la que se reitera el pedido de la comunidad internacional de que sean reanudadas las negociaciones entre la y el para resolver la disputa de soberanía sobre las , Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

MIRA: Cómo terminó la guerra de Malvinas / Falklands hace 40 años

La persistencia de esta situación pendiente de solución, que ya lleva más de 189 años, ha sido entendida como una cuestión de permanente interés regional por los países de América Latina y es definida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un caso colonial “especial y particular” que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Los argumentos que respaldan la posición de la Argentina son conocidos. Estos archipiélagos y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino. Heredamos los derechos de España en 1810 y luego de ello las Malvinas estuvieron presentes en las constantes acciones de los gobiernos argentinos en ejercicio de sus derechos de soberanía, que se consolidó con el establecimiento de la comandancia político y militar en 1829. Ya en 1816, nuestro Libertador, el General José de San Martín, pedía también que quienes habitaban las Malvinas integrasen el Ejército de los Andes que consolidaría nuestra independencia y pelearía por la libertad de Chile y del Perú.

El llamado de la comunidad internacional respecto de la necesidad de reanudar negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas fue plasmado en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y ello fue reiterado en numerosas resoluciones de la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización. A partir de 1966 y durante 16 años, ambas partes negociaron para alcanzar una solución diplomática a la disputa, tal como corresponde a dos miembros responsables de la comunidad internacional comprometidos con un orden internacional basado en el derecho internacional y en cumplimiento de la obligación consagrada en la Carta de resolver sus controversias por medios pacíficos. Sin embargo, luego de ese periodo el Reino Unido se rehusa a retomar las negociaciones y condiciona la reanudación de las negociaciones al consentimiento de los habitantes de las Islas, hace caso omiso a lo establecido por las Naciones Unidas.

Cabe destacar también que el conflicto de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de la disputa, ni la solucionó. La disputa de soberanía continúa pendiente de negociación y resolución y así fue reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas que desde noviembre de 1982 adoptó 7 resoluciones subsiguientes reiterando la existencia de la disputa e instando a las partes a reanudar las negociaciones.

Por ello, creo oportuno referirme a lo expresado por mi colega Gavin Cook, en un reciente artículo periodístico publicado por El Comercio, en particular a sus manifestaciones respecto al “deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar autónomo”, al “derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Falklands (sic)” y a “su gobierno (sic) (…) responsable de la administración de las Islas”.

Argentina y el Reino Unido mantienen una disputa de soberanía por las Islas Malvinas. (Foto: AFP)
Argentina y el Reino Unido mantienen una disputa de soberanía por las Islas Malvinas. (Foto: AFP) / Agencia AFP

Los hechos demuestran que es incorrecto denominar a los habitantes de las islas como una sociedad multicultural, democrática y que se autogobierna. La lectura del censo realizado en el 2001 demuestra que el 86% de los habitantes de ese entonces era británicos o provenían de colonias británicas. Es importante recordar que desde la ocupación ilegal llevada adelante por el Reino Unido se ha sostenido una política migratoria restrictiva respecto del asentamiento de argentinos provenientes del territorio continental. La composición de la población de las Islas es el resultado de la colonización iniciada por el Reino Unido en 1833 que procuró por todos los medios preservar el “carácter británico” de esa población.

Si analizamos el denominado sistema de gobierno, es llamativa la pretendida Constitución de las islas, aprobada en el 2008, que reserva el poder absoluto en la Reina para aprobar leyes, modificar legislación o modificar legislación en vigor. Asimismo, la Reina puede elegir a discreción al “Gobernador” de las islas, quien luego tiene amplios poderes ejecutivos, legislativos y judiciales como la capacidad de disolver la pretendida asamblea legislativa, aprobar “proyectos de ley” sin que cuenten con la aprobación de ese órgano , nombrar y remover jueces. Como resulta evidente, los límites a sus funciones sólo son establecidos por la corona británica y no por los isleños.

Por otra parte, el Reino Unido centra su argumentación en una inconsistente interpretación del principio de libre determinación de los pueblos. Sin embargo tal principio no es aplicable a los habitantes de las Islas Malvinas. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas constituyen una población implantada por la potencia colonial, no son reconocidos como un “pueblo” sujeto a dominación, subyugación o explotación extranjera a diferencia de los casos clásicos de colonialismo donde un pueblo existente es víctima del establecimiento de la dominación colonial. Es por ello que ninguna resolución de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Islas Malvinas ha avalado la libre determinación y en 1985 la Asamblea General descartó tajantemente las referencias a ese principio que el Reino Unido intentó incorporar.

En momentos en que la comunidad internacional reclama, una vez más, que las relaciones internacionales deben regirse a través del diálogo, la ausencia de una resolución diplomática a esta cuestión, y por ende la existencia de un resabio latente de la era colonial en América Latina en pleno siglo XXI, constituye una deuda pendiente difícil de explicar.

La Argentina reitera su invitación al Reino Unido a reanudar las negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía. Este llamado es acompañado no sólo por los países de América Latina, sino también se ha reflejado en las resoluciones de las Naciones Unidas, en numerosos pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de los 77 y China, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, del MERCOSUR, del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Cumbre Iberoamericana, entre otros foros regionales e internacionales.

Por último, no quiero dejar de agradecer el histórico y permanente apoyo del Gobierno y del pueblo peruano a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, quisiera destacar la intervención del representante peruano en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. La contribución del Perú a la búsqueda de una solución pacífica y definitiva Cuestión Malvinas será siempre reconocida.

(*) Embajador de la República Argentina en Perú