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El Departamento de Estado de Estados Unidos consignó en su informe anual sobre derechos humanos que las denuncias relacionadas con casos de corrupción e impunidad en el Perú se incrementaron durante el 2014, existiendo la percepción en la ciudadanía de que ese problema se ha “generalizado en muchas ramas del gobierno”.
El documento, que reconoce la existencia de leyes que penan esos delitos, indica que el año pasado nueve de los 25 presidentes regionales estuvieron bajo investigación por cargos de corrupción, malversación o tráfico de drogas. “En octubre tres presidentes regionales ingresaron en prisión preventiva, mientras que otro se encontraba en calidad de fugitivo”.
El informe también puntualiza que existe la percepción de que el Gobierno Peruano no aplica de manera más efectiva las actuales leyes que prevén sanciones penales contra los malos funcionarios públicos involucrados en delitos de corrupción.
El Departamento de Estado registra como hechos significativos que el Comité de Ética del Congreso suspenda e investigue a cinco congresistas por actividades cuestionables que van desde la falsificación de sus hojas de vida hasta la participación en minería ilegal, lavado de dinero, prostitución, trata de personas y el tráfico de estupefacientes.
De igual modo, registra la acusación del Congreso contra el ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, y su suegra, por acciones de lavado de dinero y fraude en el rubro de bienes raíces por varios millones de dólares.
Los cuestionamientos previos a la destitución de Carlos Ramos Herida como fiscal de la nación y los casos sobre beneficios de libertad a acusados de tráfico de drogas también fueron mencionados.
En lo referente a casos de violación en el Perú, el documento apunta que el 2014 se registraron 1.920 casos, pero deja constancia que muchas denuncias no se formulan por el miedo a las represalias.
Sobre el abuso infantil, el informe indica que en nuestro país la “violencia y abuso sexual de niños son problemas serios”, a pesar que solamente existan 2.995 casos denunciados.
“Muchos casos de abuso no fueron denunciados porque las normas sociales consideran que tales hechos son problemas familiares que debe ser resueltos en privado”, señala el documento.
El informe anual fue presentado en Washington por John Kerry, secretario de Estado, quien en su intervención destacó la creciente “brutalidad” de grupos islamistas como el Estado Islámico y Boko Haram, así como el autoritarismo del sistema político de Rusia y la represión que Venezuela y China ejercen contra sus opositores políticos.
