Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU.
Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU.

Washington. El gobierno de impuso hoy sanciones contra siete funcionarios venezolanos, presuntamente culpables de violaciones de derechos humanos y de corrupción en .

El presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó congelar bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos, al declarar a la nación sudamericana como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior estadounidenses.

La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes en el año pasado.

La Casa Blanca dijo que la acción ejecutiva tiene un alcance mayor a la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre.

"Los funcionarios de Venezuela del pasado y presente que violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de Estados Unidos", advirtió un comunicado de la Casa Blanca.

LOS SANCIONADOS SON:

1) Antonio José Benavides Torres 

Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.

La Casa Blanca señala que la GNB es una entidad cuyos miembros se han involucrado en actos significativos de violencia o conductas que "constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos" y, en particular, menciona las "violencia física severa" que emplearon en las protestas antigubernamentales de febrero del 2014.

2) Gustavo Enrique González López 

Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).

La Casa Blanca señala que, bajo su dirección, el SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales.

3) Justo José Noguera Pietri 

Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, entidad a la que Estados Unidos acusa de cometer abusos durante las protestas del pasado año..

4) Katherine Nayarith Haringhton Padron 

Fiscal de nivel nacional del 20ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela.

Esta fiscal ha acusado a varios miembros de la oposición, incluida la ex legisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, del delito de conspiración para dar un golpe de Estado basándose en "correos electrónicos fraudulentos".
 

5) Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: director de la Policía Nacional Bolivariana, cuyos efectivos utilizaron "fuerza física severa" y dispararon munición real contra los manifestantes que participaron en las protestas el pasado año contra el Gobierno de Nicolás Maduro, actos que, según Estados Unidos, "constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos".

6) Manuel Gregorio Bernal Martínez 

Jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y ex director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, del que estaba al mando cuando el 12 de febrero del 2014 miembros de este cuerpo dispararon contra los manifestantes en las protestas y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.

7) Miguel Alcides Vivas Landino 

Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.

Está acusado de ser responsable o cómplice de participar directa o indirectamente en actos de violencia que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos los ocurridos contra los manifestantes de las marchas del 2014.

Fuente: DPA/ AP / EFE

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