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La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y el Gobierno de Nicolás Maduro protagonizan una escalada de tensión desde este domingo, cuando en una sesión extraordinaria se aprobó el proyecto de acuerdo de restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del orden institucional y la Democracia. ¿En qué consiste este nuevo paso?
La AN formalizará, en el marco del acuerdo, una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de los jueces regionales y rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que catalogaron como "responsables" de la suspensión del proceso de referéndum contra el presidente Maduro.
También se tomó la decisión de "proceder de manera inmediata" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que la oposición acusa de ser aliados del gobierno.
Además, el Parlamento se dispone a solicitar a la comunidad internacional "la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela".
El acuerdo exige también a la Fuerza Armada "no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral".
En una sesión de emergencia, los diputados opositores denunciaron uno tras otro la existencia de una "dictadura". "El pueblo tiene derecho a la rebelión (...) En Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo", dijo el jefe de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en el Parlamento, Julio Borges.
Se acordó también "convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del orden constitucional".
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La medida se tomó luego de que el CNE suspendiera el jueves el proceso de recolección de 20% del registro de firmas para la activación del referéndum revocatorio en Venezuela, prácticamente eliminando la posibilidad de que se celebre antes de la fecha clave del 10 de enero del 2017.
De realizarse el referéndum luego de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro, asegurando la permanencia del chavismo en el poder hasta el 2019. Por eso, la oposición asegura que el CNE ha dilatado adrede la consulta popular.
Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, había señalado que se abordaría la posibilidad de apertura de un "juicio político" contra Maduro, el tema no fue abordado durante los debates.
No obstante, los diputados convocaron a una sesión el martes que iniciará un proceso para "determinar la situación constitucional del presidente", a quien acusan de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, lo que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.
Hace dos meses, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y todos sus actos son considerados nulos.
La MUD, que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, con una impopularidad del 76,5% según la firma Datanálisis.
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Fuente: Agencias
