“¿Y yo, de dónde vengo?”, española robada de bebé busca sus orígenes

Se llama Dácil Vera, es licenciada en Historia del Arte y durante casi 40 años llevó una vida aparentemente normal en las Islas Canarias.

Sin embargo, en 2016 su existencia dio un vuelco inesperado cuando descubrió su verdadera identidad. En realidad era una bebé robada, a la que adoptaron de modo fraudulento cuando todavía coleaba en España la dictadura franquista. 

Esta mujer canaria es una de las víctimas de la sustracción de miles de recién nacidos que, durante el régimen dictatorial y buena parte de la etapa democrática, llevaron a cabo médicos y enfermeras en diferentes hospitales españoles por razones ideológicas que se fueron mezclando con la oportunidad de negocio. 

Dácil siempre supuso que podía ser adoptada, pero nunca le importó demasiado. Sin embargo, averiguó por boca de su madre que no había nacido en la isla de Gran Canaria y que su proceso de adopción en 1976 era una completa farsa. 

La historiadora fue apartada nada más nacer de su madre biológica en el hospital San Román de Madrid y vendida a su actual familia por 200 mil pesetas de la época (unos 3 mil dólares al tipo de cambio de entonces).

"En 2016 mi madre se despistó y conmigo presente dijo delante de un médico que nunca había dado a luz. Ese mismo día lo hablamos y me contó que era adoptada, porque ella y mi padre no podían tener hijos. También me dijo que yo había nacido en Madrid, en una clínica en la que se agilizaban las adopciones. Les dijeron a mis padres adoptivos que mi madre biológica no me quería, que no quería saber nada de mí", señala a EL UNIVERSAL 

Dácil comenzó a temerse lo peor cuando supo que el encargado de gestionar su entrega en la clínica madrileña fue el controvertido doctor Eduardo Vela, el primer procesado por tráfico de menores para quien la fiscalía española pide 11 años de cárcel por la sustracción de otra niña, de nombre Inés Madrigal.

Robo de recién nacido, suposición de parto y falsedad en documento oficial son los delitos presuntamente cometidos por el médico de 85 años en 1969. Los mismos ilícitos que podría haber cometido en el caso de Dácil y otros neonatos.

La crudeza de los hechos no logró empañar la relación de la historiadora con sus padres adoptivos.

"La relación familiar ha sido siempre muy buena. Mi padre falleció en 2009 sin contarme nada,porque no quería que me sintiera discriminada. La verdad es que he tenido una buena vida. Y quiero a mis padres adoptivos con locura, lo que no impide que cada vez que me miro al espejo me pregunte: ¿Y yo, de dónde vengo?".

Dácil apenas tiene referencias de las circunstancias que rodearon su nacimiento, del que quedó borrado cualquier rastro.

“Se supone que nací el 11 de noviembre de 1976, pero tampoco sé si la fecha es exacta, ya que en el Registro Civil de Canarias no consta ningún dato”, lamenta. 

Mientras intenta conseguir las pruebas que acrediten su verdadera identidad, Dácil decidió buscar a sus padres biológicos a través de las redes sociales. 

“Llevo ya cerca de dos años con esta búsqueda, pero llega un punto que todo se vuelve cíclico. Por eso se me ocurrió hacerlo público y subirlo a las redes y la verdad es que me he visto desbordada por los mensajes de ánimo. También me satisface que otras personas en mi misma situación se hayan atrevido a dar el paso adelante cuando leyeron mi aviso, ya que sospechaban que eran niños robados y finalmente contactaron con las asociaciones de víctimas”. 

La trama delictiva integrada por médicos y personal sanitario de decenas de hospitales españoles se encargaba de la venta de bebés o su entrega a familias afines al régimen franquista para su “reeducación”, luego de asegurar a las madres, muchas de ellas solteras o con escasos recursos, que las criaturas habían muerto en el parto. En muchos casos las mujeres eran sedadas para que no advirtieran las sustracciones, que podrían superar las 30 mil.

Los robos de bebés que se practicaron primero en las cárceles franquistas y más tarde en los hospitales, fueron perdiendo connotaciones ideológicas tras la dictadura (1939-1977), para convertirse en un lucrativo negocio en los años 80 y 90 del siglo XX, ya en la etapa democrática.

El 90% de los más de dos mil casos denunciados se han sobreseído, según alegan las asociaciones de víctimas que están encontrando muchos obstáculos para que se haga justicia, debido a que la mayoría de los delitos han prescrito.

“Más que desprotegida me siento desamparada. No entiendo que el tema se siga ocultando y siga siendo tabú. Las administraciones deberían ayudarnos y no entorpecer el proceso. Con todo lo que
estoy sabiendo, para mí la palabra democracia ha perdido todo el valor. Igual que la palabra justicia, aunque espero que exista”, concluye Dácil en referencia a una de las grandes asignaturas
pendientes de la democracia española. 

Fuente: El Universal de México (GDA)