Amnistía Internacional denuncia un “frenesí de ejecuciones” en Egipto

Amnistía Internacional denunció este miércoles un “frenesí de ejecuciones” en Egipto con la muerte de al menos 57 personas durante los últimos dos meses, lo que deja patente una “profunda crisis de los derechos humanos” en el país.

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“Las autoridades egipcias se han embarcado en un horrible frenesí de ejecuciones en los últimos meses, matando a una multitud (de presos)”, afirmó Philip Luther, responsable de la ONG para Oriente Medio y África del Norte, citado en un comunicado.

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Según Amnistía, “solo en octubre y noviembre, las autoridades egipcias ejecutaron a por lo menos 57 hombres y mujeres” y estas cifras “probablemente subestiman” el número real. En 2019, 32 personas fueron ejecutadas, según la organización.

La organización, que denuncia condenas obtenidas tras “‘confesiones’ empañadas por torturas”, también lamenta que las autoridades arremetan contra “valientes defensores de los derechos humanos” que documentan estas violaciones.

Amnistía cita las detenciones en noviembre de tres miembros de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR), para interrogarlos sobre su trabajo de documentación sobre la justicia penal.

Según Amnistía, el “frenesí de las ejecuciones” comenzó después de un incidente violento en septiembre en el que murieron cuatro presos y otros tantos guardias de la prisión. Las ejecuciones son “aparentes represalias” por lo sucedido, estima Amnistía.

La organización precisa que además de las 57 ejecuciones que pudo verificar, “los medios de comunicación progubernamentales informaron que otros 31 hombres y mujeres fueron ejecutados en octubre y noviembre”. Pero Amnistía no pudo verificar estas ejecuciones.

Por su parte, la ONG Human Rights Watch afirmó el 22 de octubre que ese mes se habían llevado a cabo 49 ejecuciones en 10 días. Al igual que Amnistía, HRW pidió “el fin inmediato” de estas prácticas.

Amnistía también lamenta que, debido a la “falta de transparencia de las autoridades, se desconozca el número de presos amenazados de ejecución”.

La organización cita el caso del monje copto Wael Tawadros, condenado en abril de 2019 por el asesinato de un obispo, que sufrió un “trato discriminatorio y punitivo”, como la falta de correspondencia con su familia o de acceso a un sacerdote.

Desde el derrocamiento por el ejército en 2013 del presidente islamista Mohamed Morsi y la llegada al poder el año siguiente de Abdel Fattah al Sisi, la oposición, islamista o liberal, es blanco de una creciente represión.

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