El presidente de Nicaragua Daniel Ortega. (Foto: AFP).
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega. (Foto: AFP).
/ MARVIN RECINOS
Agencia EFE

La organización internacional comparó este martes la situación actual en con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), después de la detención de cinco precandidatos opositores al presidente nicaragüense, .

“Lo más cercano en el tiempo (que se asemeja a la actual situación en Nicaragua) es el régimen de Fujimori en Perú”, aseguró en una rueda de prensa el director de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

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La ONG presentó este martes un informe de 38 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la reciente ola de arrestos contra líderes de la oposición y otros críticos de Ortega.

LÍDERES OPOSITORES PERSEGUIDOS

En las últimas semanas las autoridades nicaragüenses han detenido e iniciado procesos penales contra los principales candidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora.

La última detención fue la de Mora, en la medianoche del pasado domingo. Fue arrestado por la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, citando una ley aprobada en diciembre pasado que los cataloga como “traidores a la patria” y los inhabilita para optar a cargos públicos.

Vivanco recordó que este tipo de estrategias las siguió Fujimori en Perú en la década de los noventa.

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“El único Gobierno que rompió con los principios de un sistema republicano y democrático en Latinoamérica fue el régimen de Fujimori, que fue responsable de hacerse un autogolpe, cerrar el Congreso, perseguir a los líderes opositores e instaurar un sistema de tipo dictatorial”, resumió el responsable de HRW.

Sin embargo, aseguró que “tener simultáneamente a todos los principales líderes democráticos y potenciales competidores o rivales” bajo detención antes de las elecciones en el país, como en el caso de Nicaragua, es una situación “sin precedentes” en Latinoamérica.

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CARGOS FABRICADOS

Más allá de denunciar las últimas detenciones en Nicaragua, HRW señaló que los cargos que enfrentan los cinco precandidatos han sido “evidentemente fabricados” por el Gobierno de Ortega.

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 15 de enero de 2020. (Foto de Pedro PARDO / AFP).
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el 15 de enero de 2020. (Foto de Pedro PARDO / AFP).
/ PEDRO PARDO

En el caso concreto de Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial opositora e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó Nicaragua entre 1990 y 1997, Vivanco dijo que “está secuestrada en su hogar y limitada solamente a su dormitorio por delincuentes armados que están en control del resto de su casa y que le han cortado todas las comunicaciones”.

“Lo que se busca es sacarla de la contienda electoral para inhabilitarla de cara a las elecciones, lo que deja a Chamorro en una situación de total indefensión”, argumentó Vivanco.

También han sido arrestados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.

“Esta es una situación gravísima que afecta la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua”, sentenció Vivanco.

ACTIVAR EL ARTÍCULO 99 DE LA ONU

Ante esta situación, HRW pidió este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El artículo solo ha sido invocado en tres ocasiones (1960, 1979 y 1989), ya que los secretarios generales de la ONU suelen acudir a avisos informales para llamar la atención del Consejo de Seguridad.

Asimismo, la ONG insta directamente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a incluir la crisis de Nicaragua en su agenda e implementar sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos.

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