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Managua. La Policía de Nicaragua negó el permiso para celebrar en una calle de Managua el aniversario 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en medio de la crisis ocasionada por protestas contra el presidente Daniel Ortega, que han dejado cientos de muertos desde abril.
La Policía nicaragüense decidió "no autorizar la marcha que pretende realizar el día lunes 10 de diciembre de 2018 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)", de acuerdo con el texto de la resolución.
La institución policial argumentó que el Cenidh, representado por la activista Vilma Núñez, no cuenta con "una junta directiva legalmente constituida", y que "tiene como misión constitucional proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes".
También afirmó que "no autoriza ni autorizará movilizaciones a personas, asociaciones o movimientos, que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado", como llaman las autoridades a las protestas.
Hasta ahora ninguna autoridad del Gobierno había informado que el Cenidh, que ha brindado apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, era objeto de alguna investigación.
Dicha crisis ha dejado entre 325 y 545 muertos, decenas de desaparecidos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y 610 "presos políticos" en menos de 9 meses, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 273 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
El presidente de Nicaragua no reconoce los señalamientos y se considera vencedor de un intento de "golpe de Estado", que ya han desmentido Acnud y la CIDH.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno.
Fuente: EFE
