Según ONG, los 222 presos nicaragüenses enviados a Estados Unidos fueron desterrados

Los 222 prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y enviados en un avión privado hacia Estados Unidos fueron desterrados, no deportados, alertó este viernes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

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“Están llamándole deportación a un destierro, que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos”, advirtió a través de una declaración ese organismo, que es muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Las autoridades nicaragüenses expulsaron el jueves a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos, incluidos sacerdotes, a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de forma perpetua.

Los 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, el sandinista Daniel Ortega, fueron “deportados” a Estados Unidos “por traidores a la patria”, según detalla la sentencia de un Tribunal de Apelaciones de Managua.

“Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”, según la resolución leída por el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh.

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CENIDH: DEPORTACIÓN ES INAPLICABLE PARA NICARAGÜENSES

“Advertimos que la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta es una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en este país”, argumentó el Cenidh, que fue ilegalizado como ONG a petición del Ejecutivo sandinista en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Por su lado, el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas señaló que “el destierro es un crimen de lesa humanidad, contemplado en el estatuto de Roma, el cual lo establece como una de las 11 conductas parte de cualquier ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

“Este tipo de medidas son un atropello más a los derechos humanos de las y los nicaragüenses, de manera general. Y a la integridad electoral, de manera específica, en tanto limita los derechos civiles, políticos y electorales”, explicó Urnas Abiertas, que rechazó “en su totalidad el destierro” de los presos políticos.

En tanto, la Alianza Universitaria Nicaragüense expresó a través de una declaración su rechazó enérgico al “destierro al que fueron sometidos” los 222 prisioneros.

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha exigido al Gobierno de Ortega en Nicaragua que restituya los derechos de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.