A poco de cumplirse un año del asalto al Capitolio de Estados Unidos el cerco se va cerrando sobre las figuras acusadas de participar en aquel día de insurrección y conmoción. El 6 de enero del 2021 furibundos seguidores de Donald Trump agredieron a la policía e invadieron el Congreso buscando impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Cinco personas murieron y más de 100 agentes resultaron con lesiones. Las escenas calaron en lo más profundo del país.
Es así que el gobierno de la ciudad de Washington acaba de presentar una demanda civil contra dos grupos de extrema derecha, Proud Boys y Oath Keepers, por su papel en la violenta invasión al Capitolio. El objetivo es que los responsables rindan cuentas por los daños “físicos y financieros” al Distrito de Columbia, donde está Washington, desalentar futuros actos de violencia y compensar a las víctimas.
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El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, explicó que, en total, la demanda busca responsabilizar además a más de 30 de líderes de esas agrupaciones ultraderechistas “por conspirar para aterrorizar” al Distrito de Columbia, interferir “ilegalmente” con la transición pacífica de poder en el país y agredir a los oficiales que defendieron el Capitolio.
Según la demanda, “el atentado del 6 de enero fue un acto coordinado de terrorismo interno” y la ciudad de Washington se vio obligada “a afrontar las consecuencias” de este ataque.
Pero los problemas para estos grupos no quedan ahí. La comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el Capitolio ha emitido esta semana citaciones a miembros de los Proud Boys, los Oath Keepers y otras organizaciones extremistas, en un intento de descubrir la organización y ejecución del ataque.
Aunque estos son los golpes más fuertes que han recibido los Proud Boys y los Oath Keepers, su historial de violencia y protagonismo no queda ahí. A continuación repasamos el alcance que estos han tenido y aún mantienen en el país.
Los violentos Proud Boys
Fundados en el 2016 por Gavin McInnes, cofundador de Vice, los Proud Boys (Chicos Orgullosos) son un grupo nacionalista y violento de extrema derecha. Sus integrantes a menudo visten uniformes distintivos en color negro y amarillo y han adoptado posiciones misóginas, islamófobas y antisemitas, según el Southern Poverty Law Center, organización que lo ha catalogado como un grupo de odio.
“Los Proud Boys y sus líderes de rango y antiguos regularmente lanzan memes nacionalistas blancos y mantienen afiliaciones con extremistas. Son conocidos por su retórica antimusulmana y misógina. Proud Boys ha aparecido junto a otros grupos de odio en reuniones extremistas como la manifestación “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia. Jason Kessler, ex miembro de Proud Boys, ayudó a organizar ese evento, que reunió a una amplia coalición de extremistas, incluidos neonazis, antisemitas y milicias”, dice Southern Poverty Law Center, que monitorea la violencia en Estados Unidos, en su sitio web.
Actualmente el presidente del grupo es Henry “Enrique” Tarrio, activista y director de Latinos for Trump en Florida. Tarrio es uno de los que ha sido llamados a comparecer por el asalto al Capitolio, aunque no ha sido acusado en relación a los disturbios ya que no estuvo en el lugar el 6 de enero.
Su ausencia se debió a que había sido detenido por un caso de vandalismo no relacionado cuando llegó a Washington dos días antes y un juez le ordenó que abandonara la zona. Las fuerzas de seguridad dijeron más tarde que Tarrio fue puesto en custodia en parte para ayudar a sofocar posibles actos de violencia.
Durante las elecciones del 2020, los Proud Boys eran las milicias más grandes y públicas del país y no dudaron en darle su respaldo a Donald Trump, quien incluso se refirió a ellos en un debate presidencial cuando le preguntaron sobre los grupos nacionalistas blancos, y respondió: “Chicos orgullosos, aléjense y esperen“.
Sin embargo, desde el asalto al Capitolio y las investigaciones posteriores, el grupo redujo su apuesta nacional y se ha concentrado en captar apoyo a nivel local. “Los miembros de Proud Boys han aparecido cada vez más en los últimos meses en reuniones del ayuntamiento, presentaciones de juntas escolares y sesiones de preguntas y respuestas del Departamento de salud en todo el país. Su presencia en los eventos es parte de un cambio de estrategia de la organización de la milicia hacia un objetivo más amplio: llevar su tipo de política amenazante al nivel local”, dice el diario The New York Times.
El medio agrega que el grupo sigue bastante activo en las redes sociales. Señala que en la aplicación de mensajería encriptada Telegram, el grupo principal de Proud Boys en Estados Unidos apenas se ha movido en número, con alrededor de 31.000 seguidores, durante el último año. “Pero más de una docena de nuevos canales de Telegram han surgido para los capítulos locales de Proud Boys en ciudades como Seattle y Filadelfia durante ese mismo período, según datos recopilados por The New York Times. Esos grupos locales de Telegram han crecido rápidamente de docenas a cientos de miembros”.
Los conspiracionistas Oath Keepers
Los Oath Keepers (Guardianes del Juramento), un grupo de milicias antigubernamentales que data de hace una década, también está en la mira por el asalto al Capitolio.
“Los Oath Keepers, que reclaman como miembros a decenas de miles de funcionarios policiales y veteranos militares actuales y anteriores, son uno de los grupos antigubernamentales de extrema derecha más grandes de Estados Unidos en la actualidad. Si bien el grupo afirma defender la Constitución, toda la organización Oath Keepers se basa en un conjunto de teorías de conspiración infundadas sobre el trabajo del gobierno federal para destruir las libertades de los estadounidenses”, dice Southern Poverty Law Center.
La organización agrega que el grupo ha hecho apariciones durante las protestas luego de los asesinatos policiales de afroamericanos en los años 2014, 2015 y 2020.
Aunque docenas de sus integrantes han sido acusados por la toma del Capitolio, el presidente del grupo, Elmer Stewart Rhodes, concedió una entrevista al FBI en contra del consejo de su abogado y señaló que ninguno de sus miembros había tenido la intención de interrumpir en el Congreso.
El propio Rhodes tiene un largo historial de uso de lenguaje violento, incluso llegó a pedir la horca para el exsenador republicano de Arizona John McCain.
Pese a sus negaciones, las autoridades consideran que Rhodes sugirió repetidamente que los Oath Keepers deberían participar en actos de violencia para asegurar el resultado electoral de su preferencia.
The New York Times recuerda que el 27 de octubre Rhodes apareció en un programa afirmando que los demócratas se estaban robando las elecciones y que los Oath Keepers protegerían a los partidarios de Trump en las urnas.
“El 10 de noviembre, Rhodes dijo que tenía ‘buenos hombres sobre el terreno’ en Washington preparados para ‘entrar’ si Trump los necesitaba. El 12 de diciembre, pidió a Trump que invocara la Ley de Insurrección y advirtió que los Oath Keepers montarían una ‘guerra mucho más sangrienta’ si no lo hacía, dijo el comité”, señala el medio.
¿Qué viene ahora?
Casi todos aquellos nombrados en la demanda hecha en Washington ya son objeto de procedimientos penales federales y podrían ser llevados a juicio en los próximos meses.
Además, The New York Times señala que el hecho de que el Congreso haya expedido citaciones a miembros de estos grupos refleja “el amplio alcance de la investigación del comité, que investiga no solo el papel de la Casa Blanca y los aliados de Trump en el ataque al Capitolio, sino también de los grupos de milicias y alborotadores asociados con ellos”.
En un artículo publicado en su blog, Shannon Hiller, directora ejecutiva de la iniciativa Bridging Divides con sede en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton, afirmó que “es claro que si bien la aplicación de la ley no puede ser nuestra solución completa a la violencia política, desempeña un papel importante. Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys, por ejemplo, no estuvo presente el 6 de enero por el simple hecho de que había sido encarcelado por sus acciones el 12 de diciembre”.
Y recordó que en noviembre, figuras y organizaciones de la extrema derecha en Estados Unidos fueron ordenadas a pagar más de 25 millones de dólares a las víctimas de una protesta que organizaron en Charlottesville en el 2017 que desembocó en una tragedia.
“El veredicto reciente en Charlottesville deja en claro que las demandas civiles también pueden desempeñar un papel importante en la interrupción de la violencia política: es poco probable que los grupos que ayudaron a incitar la violencia en esa ciudad sobrevivan a los impactos financieros de ser responsables de sus acciones”, señaló.
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