El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, dijo este martes que el expresidente Donald Trump, imputado hoy por 34 delitos de falsificación de registros mercantiles, orquestó una trama ilegal que emitió tres pagos a personas con información dañina sobre él de cara a las elecciones presidenciales de 2016.
Trump se presentó hoy ante el juez Juan Merchan, seguido a cada movimiento por cámaras que captaron su gesto serio, para conocer unos cargos que habían permanecido sellados desde el jueves, cuando un gran jurado consideró que había suficientes pruebas y argumentos en el caso para imputar al exmandatario.
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Bragg resumió las acusaciones en una rueda de prensa posterior a esa vista judicial, de la que solo se filtró la advertencia de Merchan a Trump sobre su retórica incendiaria en redes sociales, y tras la cual el empresario subió a su avión privado rumbo a su mansión de Florida, donde escribió en su red social Truth que no había hecho nada ilegal.
Trump, junto a la editora American Media Incorporated (AMI) y su exabogado personal Michael Cohen, “acordaron en 2015 ejecutar una trama de ‘catch and kill’ (cazar y matar), que es una trama para comprar y suprimir información negativa, para mejorar las posibilidades de que Trump ganara las elecciones”, explicó Bragg.
Esa trama, denunció, incluyó actividades delictivas como el establecimiento de empresas pantalla y la producción de documentos falsos, y la comparó con una “conspiración para promocionar una candidatura (electoral) por medios ilegales”.
Agregó que “hicieron tres pagos a personas que decían tener información negativa” sobre Trump, algo que sorprendió, ya que se sabía que el grueso de la investigación giraba en torno a la actriz porno Stormy Daniels, y recientemente se había filtrado un segundo pago a otra mujer, la modelo Karen McDougal.
A Daniels, Cohen le pagó 130.000 dólares dos semanas antes de las elecciones de 2016 a través de “una empresa pantalla”, de acuerdo con lo revelado por el exabogado tras declararse culpable y cumplir condena, una cantidad que “supera el límite de contribuciones a campañas federales”, indicó Bragg.
Posteriormente, Trump emitió once cheques para Cohen “con propósitos fraudulentos”, que fueron procesados por su Organización y “camuflados como pagos por servicios legales” prestados por el abogado en 2017 pero que eran “ficticios”.
Si hubiera dicho que reembolsaba a Cohen por el pago a Daniels de 2016, que superaba los límites de financiación de campaña, Trump habría “admitido un crimen”, argumentó.
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La segunda mujer en el caso, McDougal, recibió un pago de 150.000 dólares por su silencio sobre una supuesta relación sexual con el entonces candidato, de manera similar a lo ocurrido con Daniels.
El tercer pago que no se conocía, y que se remonta a 2015, según especificó la Fiscalía en una nota de prensa, lo hizo AMI, que entregó 30.000 dólares a un antiguo portero de la Torre Trump “que decía tener una historia sobre un hijo que Trump tuvo fuera del matrimonio”.
El fiscal señaló que Trump recorrió “grandes distancias para esconder su conducta”, dando lugar a decenas de entradas falsas en los registros mercantiles de su empresa para “ocultar la actividad delictiva, incluyendo intentos para violar las leyes electorales estatales y federales”.
Tras ganar las elecciones, el presidente reembolsó a Cohen varios cheques mensuales, recogidos en la imputación, desde un fondo que creó para mantener los activos de la Organización Trump mientras estaba en la Casa Blanca, y después desde su cuenta bancaria personal.
El fiscal, que ha sido objeto de centenares de amenazas a raíz de la investigación sobre los pagos irregulares y también diana del propio Trump y sus seguidores, que le acusan de “persecución política” e “interferencia ilegal”, defendió hoy su trayectoria de 24 años y el “exhaustivo” trabajo de su oficina y del gran jurado.
Desde que ocupó su puesto hace más de un año, aseguró que su oficina ha interpuesto un centenar de cargos similares a los de hoy y describió el estado de Nueva York como “la capital de los negocios mundial”, reivindicando que se asienta en “la integridad del mercado, que son los registros contables ciertos y correctos”.
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Según los expertos, los 34 cargos de falsificación de documentos mercantiles, que en el estado de Nueva York son un delito menor penalizable con menos de 1 año de cárcel, se agravan al estar ligados a la promoción u ocultamiento de otro delito, en este caso relacionado con las elecciones, que conlleva hasta 4 años.
No obstante, se trata de un caso sin precedente legal y se espera que Trump siga su estrategia habitual en los litigios, que consiste en aplazar los asuntos todo lo posible, por lo que lo único previsible será la lentitud en el primer proceso judicial contra un presidente o expresidente estadounidense.
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