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Un sacerdote católico suspendido y que se declaró culpable de conspiración para poseer y distribuir metanfetamina y de comprar una tienda de juguetes sexuales, pidió clemencia a un juez federal antes de ser sentenciado en Connecticut.
Monseñor Kevin Wallin, que según su abogado se sentía solo y tenía demasiado trabajo cuando cayó en las drogas y se convirtió en un adicto, aceptó una sentencia de 10 a 11 años dentro de su acuerdo de 2013 para declararse culpable. Ahora pide cuatro años de cárcel y 500 horas de servicio comunitario.
El sacerdote, de 63 años, lleva dos años en prisión.
La fiscalía le acusa de dirigir la trama de distribución de metanfetamina, y pide una sentencia de al menos 10 año que la acusación considera apropiada para el delito.
Wallin empezó a recibir metanfetamina por correo de proveedores de California en 2008 o 2009, y para 2011 empezó a suministrar a un distribuidor de Nueva York, según las autoridades. La cantidad de droga que recibía "creció de forma exponencial", según la fiscalía. Lo que comenzó como envíos de 3,5 gramos fue aumentando hasta oscilar entre 450 y 1.300 gramos al mes, según las autoridades.
Además, el acusado compró una tienda de videos para adultos y juguetes sexuales en North Haven y al parecer pretendía blanquear los beneficios de las drogas en el establecimiento, según indicaron agentes federales en documentos judiciales.
El abogado de oficio de Wallin señaló que tiene "cero antecedentes penales" y es un sacerdote apreciado "con un historial de extraordinaria labor de caridad". La defensa señala a las tres décadas de tareas benéficas y más de 80 misivas de apoyo, incluyendo una del fallecido cardenal Edward Egan.
En documentos presentados ante el tribunal, su defensa explica que el sacerdote lidió con los problemas financieros de la parroquia local lo mejor que pudo al comienzo de la recesión en 2008. Acudió a las drogas como vía de escape, señaló su defensa.
Wallin es adicto a la metanfetamina y podría recibir tratamiento contra el abuso de sustancias en la comunidad, según su abogado.
La fiscalía respondió señalando que el gobierno "no expresa ninguna opinión" sobre la necesidad de Wallin de recibir educación, atención médica o tratamiento correctivo de la forma más efectiva.
Fuente: AP
