Juez de Nueva York paraliza ley de Donald Trump para endurecer permisos a migrantes

Nueva York. Un juez del distrito Sur de Nueva York emitió este viernes una orden de ámbito nacional para evitar la entrada en vigor el próximo 15 de octubre de la polémica regla del Gobierno de Donald Trump sobre la “carga pública”, que causaría la inadmisibilidad en Estados Unidos de nuevos inmigrantes con bajos recursos.

El juez federal, George B. Daniels, se ha convertido este viernes en el primero del país en bloquear la medida, que pretendía facilitar al Gobierno federal negar el estatus de residente legal a los inmigrantes pobres que reciben ayuda social de la Administración estadounidense.

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El magistrado decretó que la regla no se puede implementar en todo el país tras una demanda presentada por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, que alega que la política perjudica específicamente a inmigrantes de minorías raciales.

Tal como ha informado la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, con este “bloqueo” se ha permitido frenar una regla que habría tenido “efectos devastadores en los neoyorquinos y en nuestra nación, y la decisión de hoy es un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho”.

“El equilibrio de las acciones y los intereses de la justicia favorecen la emisión de una orden judicial preliminar”, escribió el juez en su auto.

La regla de “carga pública”, que estaba programada para entrar en vigencia el próximo martes, establecía nuevos estándares para determinar quién podría convertirse en una carga para el erario público e impedía obtener la residencia permanente en el país a personas con bajos recursos.

La orden del juez Daniels se produjo pocos días después de que el presidente Donald Trump también se moviera para negar las visas de inmigrantes a aquellos que no pueden probar que tendrán seguro médico o que pueden pagar su propia atención médica.

La regulación de la carga pública separada que fue objeto de la última orden judicial había sido condenada rotundamente por grupos de defensa de inmigrantes y sectores médicos, que argumentaban que la regla desanimaría a los inmigrantes a buscar ayuda del Gobierno cuando puedan necesitar ayuda para comprar alimentos o ver a un médico.

La nueva norma hubiera afectado directamente a cerca de 1.2 millones de solicitantes anuales, incluyendo alrededor de 500,000 que ya están en el país.

Fuente: EFE