Cómo es la “zona autónoma” de Seattle controlada por los manifestantes y sin policías que Trump amenaza con retomar con el Ejército

La sede de la policía en el distrito este de Seattle está completamente bloqueada con láminas de madera alrededor como si estuviera preparada para la llegada de un huracán de categoría 5.

El pasado lunes, los uniformados abandonaron y cerraron el edificio después de dejarlo debidamente protegido.

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Lo que allí ocurre, sin embargo, no tiene nada que ver con huracanes ni con otro tipo de catástrofe natural.

Aunque, ciertamente, la edificación se encuentra en un epicentro: el de las multitudinarias protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd, quien falleció el pasado 25 de mayo bajo custodia policial.

Luego de días de continuas batallas nocturnas con los manifestantes, los uniformados se retiraron del lugar por orden de las autoridades, lo que hizo posible el surgimiento de la “Zona Autónoma de Capitol Hill” (CHAZ, por sus siglas en inglés), un área de la ciudad libre de control policial.

El episodio desató la furia del presidente Donald Trump.

“Terroristas han tomado Seattle, liderados por los demócratas de izquierda radical, por supuesto. ¡Ley y orden!”, tuiteó el jueves el mandatario.

En un mensaje dirigido al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, y a la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, -ambos del Partido Demócrata- Trump les conminó a retomar el control de la zona.

“Si no lo hacen, lo haré yo. Esto no es un juego. Hay que parar a esos feos anarquistas de inmediato”, escribió Trump.

Con un toque de ironía, Durkan le respondió a Trump: “Haz que todos estemos seguros. Regresa a tu búnker”.

Pero ¿cómo se llegó a esta situación?

Dura represión

Tras la muerte de Floyd, el área circundante al recinto policial del este de Seattle se convirtió en un verdadero campo de batalla entre policías y manifestantes.

De acuerdo con la prensa local, hubo manifestantes que lanzaron cohetes contra la policía, carros incendiados y saqueos.

El gobernador envío a la Guardia Nacional y la alcaldesa impuso un toque de queda.

El fin de semana pasado, la policía recurrió a bombas lacrimógenas y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes.

Estas acciones fueron rechazadas por varios concejales que acusaron a la policía de excederse al emplear técnicas duras de represión.

Fue entonces cuando la alcaldesa ordenó remover las barricadas en torno a la sede de la policía y la retirada de los agentes.

Desde ese día, los manifestantes han tomado el control de unas seis calles en esa zona de Capitol Hill, que en tiempos más normales es un área donde se concentran muchas de las actividades culturales.

¿Qué hacen allí?

“Verano del amor”

Tras la retirada de la policía, las manifestantes voltearon las barricadas para dificultar el acceso a la zona y las protestas han seguido ocurriendo pero de forma mayormente pacífica.

La prensa local señala que en la “zona autónoma” hay un ambiente similar al de un festival cultural, con lecturas de poesía, música en directo o proyección de películas al aire libre.

En muchos lugares hay agua y refrigerios gratuitos, así como protector solar y -por supuesto- gel antibacterial para desinfectarse las manos.

En la entrada del edificio de la policía colocaron una enorme pancarta que reza: “Este espacio ahora es propiedad de los ciudadanos de Seattle”.

Pero, ¿qué quieren esos ciudadanos? La respuesta no es clara.

Según The New York Times, en un muro de la zona hay escritas tres de sus exigencias:

• Quitar el financiamiento a la Policía
• Dar financiamiento para programas de salud comunitaria
• Retirar todos los cargos contra los manifestantes.

El problema es que en una verja cercana a ese muro no aparecen tres sino cinco exigencias y en internet la lista aumenta hasta 30 peticiones.

Aunque inicialmente los manifestantes salieron a las calles para protestar contra los abusos policiales y el racismo sistémico contra los afroestadounidenses

La lista de exigencias ha ido creciendo para abarcar las desigualdades sociales en general y apuntando sus baterías en contra del sector empresarial, incluyendo Amazon, que tiene su sede en esa ciudad.

Esta deriva preocupa a algunos que temen que la ampliación de las peticiones diluya las opciones de avanzar en el tema inicial: la situación de racismo y desigualdad que afecta a los afroestadounidenses.

“Deberíamos enfocarnos primero solamente en esto. Las otras cosas pueden seguir después. Los negros están muriendo y esto es en lo que deberíamos centrarnos”, le dijo Moe’Neyah Dene Holland, una activista del movimiento Black Lives Matter, a The New York Times.

En todo caso, la situación podría extenderse todo el verano, a juzgar por unas declaraciones de la alcaldesa de Seattle, quien el jueves por la noche aseguró que lo que ocurre en esas calles de Capitol Hill no constituye una amenaza a la seguridad pública.

"Tenemos cuatro calles en Seattle (…) que tienen una atmósfera más parecida a la de una fiesta de vecinos. No es una toma armada. No es una junta militar. No sé, podríamos tener el verano del amor", señaló en aparente referencia al mítico festival hippie que se realizó en California en 1967.

Sus palabras generaron una dura respuesta de Trump, quien en respuesta cargó contra Durkan.

"Estos demócratas liberales no saben nada. Los terroristas queman y saquean nuestras ciudades, y ellos piensan que esto es simplemente maravilloso, incluso la muerte. ¡Debe acabarse esta toma de Seattle ya!", tuiteó Trump este viernes.

Intervención federal

A inicios de junio, cuando las protestas empezaron a expandirse por Estados Unidos, Trump amenazó con enviar al Ejército si los gobernadores -responsables de la ley y el orden en sus respectivos estados- eran incapaces de asegurar la seguridad en las calles.

Esta intervención sería posible invocando la Ley de Insurrección, una norma del siglo XIX que establece en cuáles circunstancias el gobierno en Washington DC puede actuar sin autorización de las autoridades estadales.

De acuerdo con esta regulación, el gobierno federal puede prescindir del visto bueno de los gobernadores cuando el presidente determina que la situación en un estado hace imposible el cumplimiento de las leyes o cuando los derechos de los ciudadanos están en peligro.

Esta legislación fue usada por tres presidentes distintos en las décadas de 1950 y 1960 con motivo de las protestas ocurridas durante la lucha por los derechos civiles y, en algunas ocasiones, fueron objetadas por los gobernadores.

La última vez que se invocó fue en 1992, durante las violentas protestas que sacudieron Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías que habían sido acusados por agredir al afroestadounidense Rodney King.

En esa ocasión, sin embargo, la norma se aplicó con el visto bueno del gobernador de California.

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