El presidente de Estados Unidos, , firmó este jueves la ley conocida como "Promesa", por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de más de 70 mil millones dólares de , así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.

En el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario rubricó la legislación justo antes de que se cumpla este viernes el siguiente vencimiento de pagos, valorado en 2.000 millones de dólares.

"El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que no los olvidamos, son parte de la familia estadounidense", dijo Obama al firmar la ley, en un acto improvisado al que asistió el secretario del Tesoro, Jack Lew.

El mandatario opinó que la legislación no es "perfecta", pero "avanza en la dirección correcta" y "al menos va a dar la oportunidad a Puerto Rico de salir de esta incertidumbre con respecto a su deuda" y "volver a crecer".

"(La ley) No va a ser suficiente por sí misma para resolver todos los problemas que enfrenta Puerto Rico, pero es un importante primer paso en el camino de crear más estabilidad, mejores servicios y más prosperidad" en la isla, sostuvo Obama.

El presidente recordó que los puertorriqueños "han estado sufriendo una de las peores crisis financieras y fiscales que se recuerdan".

"Como consecuencia de su incapacidad de reestructurar la deuda, hemos visto hospitales incapaces de operar, ambulancias sin operar, servicios básicos que se suspendían y trabajadores del Gobierno sin pago. Ha generado enormes dificultades para el pueblo de Puerto Rico", indicó.

Obama prometió "seguir trabajando" para potenciar la sostenibilidad a largo plazo de la economía de Puerto Rico y subrayó que su Administración está "comprometida con darles la ayuda que necesitan" a los puertorriqueños.

La Casa Blanca ha asegurado que el texto alcanzado "no es perfecto", pero ha decidido apoyarlo a falta de otro acuerdo más afín, dado el inminente vencimiento de pagos de este viernes.

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta podría incluso modificar las normas sobre salario mínimo y compensación de horas extra, además de imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

Por eso, algunos senadores, como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, han calificado la ley como "colonialista" e "intervencionista" y se han opuesto de manera frontal al texto.

No obstante, la ley permitirá al Gobierno de Puerto Rico evitar una dura decisión, dado que parte de los bonos que vencen este viernes están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público, incluida la financiación de servicios públicos.

Esa elección puede evitarse con la nueva legislación, que dota a la isla del marco legal necesario para declararse en quiebra y renunciar al pago de la deuda sin que los acreedores puedan demandarla ante los tribunales estadounidenses.

Según lo establecido, será el propio presidente Obama el que ratifique a los miembros de la junta, que serán propuestos por el Congreso y en la que se espera que haya cuatro republicanos y tres demócratas. 

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