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En los últimos meses las “ciudades santuario” han provocado la furia del presidente Donald Trump, quien no acepta que algunos gobiernos locales brinden apoyo a los inmigrantes indocumentados.
A su alrededor, legisladores, funcionarios federales, policías, religiosos, iglesias y organizaciones humanitarias, libran una batalla legal para hacer prevalecer el mandando de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege el derecho a la libertad de religión y el respeto a los lugares de recogimiento espiritual.
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Pero muchos, equivocadamente, piensan que se trata de un área geográfica liberada o un vecindario habitado exclusivamente por miles de personas sin documentos migratorios en donde la policía no tiene ninguna injerencia.
La verdad es que las “ciudades santuario” son pequeños templos administrados por iglesias que únicamente brindan refugio a inmigrantes indocumentados con orden de deportación inmediata que están enfermos, tienen hijos pequeños o aún espera la respuesta final de una apelación ante una Corte de Inmigración.
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Tampoco las “ciudades santuario” están regadas por todo el territorio estadounidense. A la fecha la lista oficial está formada por San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington DC, Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland, Denver, Nueva York City, Chicago y todo el estado de New Jersey. En enero, las autoridades de Miami decidieron retirar voluntariamente a su ciudad de la lista.
Igualmente, las “ciudades santuario” no ofrecen impunidad a sus huéspedes. Solo son admitidas personas indocumentadas que no tengan antecedentes penales, que se encuentren en extrema situación económica o social.
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Las iglesias tampoco niegan información a la policía sobre la identidad, número de personas o lugar de procedencia de quienes se encuentran en sus templos. La única prohibición es que sean arrestadas en su interior. Tampoco cabe la posibilidad que los religiosos entreguen a sus huéspedes.
También es errónea la idea que en las “ciudades santuario” se ocultan miles de indocumentados. Hoy son pocas personas que gozan de este beneficio, pero si se siguen incrementado las redadas es probable que el número se eleve.
Es por eso que las organizaciones religiosas y pro inmigrantes no entienden las amenazas del secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien esta semana dijo que las llamadas "ciudades santuario" podrían perder fondos federales por negarse a cooperar con las autoridades de inmigración.
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Para no atentar contra la Primera Enmienda de la Constitución, el presidente Donald Trump instruyó al secretario Sessions que el Departamento de Justicia exija a las “ciudades santuario” que cumplan con una sección de la ley federal que permite compartir información con funcionarios de inmigración o que le retenga los fondos asignados para sus presupuesto.
Esta amenaza impediría a las "ciudades santuario" acceder a parte de los 4.100 millones de dólares disponibles en ayudas, lo cual ha sido calificado como “chantaje” por las organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados.
En la actualidad, se estima que viven en Estados Unidos 11 millones de inmigrantes indocumentados y miles ya tienen orden de deportación pendientes de ejecutar. Donald Trump ofreció durante su campaña electoral deportar un mínimo de tres millones de personas sin documentos migratorios en regla.
