Bélgica negará solicitudes de asilo a hombres solos, ¿qué otras medidas polémicas se han tomado en Europa?

Este miércoles 30, el gobierno belga anunció que suspenderá las solicitudes de asilo presentadas por hombres solos para darles prioridad a familias, mujeres y niños. La polémica medida adoptada por Bruselas responde a las limitaciones que experimentan a raíz de una llegada masiva de solicitantes de asilo a su territorio.

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La decisión ha provocado furibundas críticas por parte de organizaciones humanitarias, que la califican como un atentado contra los derechos humanos de las personas que intentan huir del peligro latente en sus países.

La secretaria de Estado para el Asilo, Nicole de Moor, resaltó que su país ha recibido casi 37 mil pedidos de asilo, unos 3.500 por encima de la capacidad total que poseen los refugios del país.

Por otro lado, a Bélgica han llegado unos 62 mil refugiados desde que empezó la invasión rusa sobre Ucrania.

Desde que el sistema de recepción belga colapsó, la justicia de dicho país ha fallado más de 5 mil veces a favor de migrantes que demandan al Estado por no brindarles las condiciones mínimas que contempla el derecho al refugio.

Ante esto, De Moor señaló que la medida buscará “evitar totalmente que haya niños en las calles este invierno”, mientras que los hombres deberían poder valerse por sí mismos.

Bélgica no es el único país que ha tenido que tomar una medida controvertida ante el incontrolable flujo de migrantes y solicitantes de asilo.

En abril del 2022 los gobiernos del Reino Unido y Ruanda firmaron un acuerdo para enviar al país africano a los solicitantes de asilo que no podía acoger la nación europea. De inmediato, la medida generó una ola de críticas y denuncias contra el gobierno británico por considerar el peligro que se correría en Ruanda, un estado autoritario acusado de torturar y asesinar a los críticos al gobierno.

En junio del 2023, la Corte de Apelación británica terminó frustrando este intento del gobierno británico declarándolo ilegal, pero la administración de Rishi Sunak parece empeñada en sacar adelante el plan, aunque eso implique recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Por el momento, los migrantes serán enviados a la isla de Ascensión, en el Atlántico, mientras se procesan sus solicitudes.

En paralelo, el gobierno de Sunak comenzó a enviar a los solicitantes de asilo a Bibby Stockholm, una enorme barcaza anclada en el puerto de Portland. Esta decisión respondería a un intento de Londres por reducir los costos que implica mantener a los 51 mil refugiados que actualmente mantiene el Estado en hoteles.

Se estima que anualmente el gobierno británico destina unos 4.600 millones de euros a la atención de solicitantes de asilo.

Pero agosto no solo trajo consigo a Bibby Stockholm, sino también una modificación que triplica las multas para quienes contraten o alojen a inmigrantes que llegaron de forma irregular al país. Con la nueva legislatura, quienes empleen a los migrantes ilegales tendrán que pagar una multa de 50 mil euros; mientras que quienes alquilen una vivienda a este grupo deberán pagar 25 mil euros por cada migrante.

Las polémicas en el manejo británico de la migración irregular, sin embargo, no terminan ahí. También a inicios de agosto, la polémica ministra del Interior, Suella Braverman, dijo a la BBC que evaluaban colocar pulseras electrónicas a los solicitantes de asilo que cruzan al Reino Unido a través del canal de la Mancha.

A diferencia del caso británico, donde la justicia bloqueó la opción de enviar a los solicitantes de asilo a África, en España desde febrero de este año se han reanudado los vuelos de deportación de migrantes a Senegal. El último de estos vuelos se había realizado en el 2018.

La medida ha provocado temor especialmente en los solicitantes senegaleses, quienes han preferido huir y permanecer en la clandestinidad antes de volver al país del que huyeron.

El último de estos vuelos se produjo el miércoles 30, cuando 168 migrantes rescatados por patrullas españolas frente a las costas de Mauritania, a bordo de un bote que se dirigía a las islas Canarias, fueron enviados a Senegal.

Por otro lado, organizaciones humanitarias han denunciado que España continúa sin implementar el acceso a los solicitantes de asilo que llegan hasta Ceuta y Melilla, sus enclaves al norte de África.

La OIM, Acnur, Human Rights Watch, Aministía Internacional y la ONG local Ruedas Solidarias han denunciado que desde la pandemia España bloqueó las solicitudes y aún no las ha reanudado. Además, reportaron que desde entonces han incrementado la cantidad de “devoluciones en caliente” en los enclaves, como se conoce al impedimento por parte de los guardias fronterizos de que los migrantes presenten su solicitud.

Pese a que la actual primera ministra Giorgia Meloni posee un duro discurso antimigratorio, hay miembros de la coalición gobernante en Italia que aún lo ven insuficiente. Uno de ellos es el viceprimer ministro Matteo Salvini, quien la última semana expresó la necesidad de que se emita un “decreto de seguridad” para contener la llegada de migrantes.

Aunque no brindó más detalles sobre lo que preparaba el Gobierno en ese sentido, Salvini es recordado por su papel como ministro del Interior entre el 2018 y el 2019, durante la administración de Giuseppe Conte, que impulsó una política de puertos cerrados para evitar que las naves de rescate que operan en el Mediterráneo llevasen a los refugiados a las costas italianas.

Dicha situación provocó una serie de batallas legales entre el gobierno y las organizaciones humanitarias, muchas de las cuales resultaron a favor de Roma.

También en su época como ministro, Salvini propuso realizar un censo de gitanos para conocer su real dimensión y expulsar a los que no hubieran nacido en Italia. La propuesta, finalmente, no prosperó debido a una ley que impide realizar registros étnicos en el país.

Ahora, Salvini y Meloni tienen en frente una cifra récord con más de 100 mil migrantes que han llegado a las costas italianas en lo que va del año, según el Ministerio del Interior.

En junio Alemania anunció que endurecería sus políticas antimigratorias ante la creciente cantidad de personas que atravesaban de forma irregular su frontera con Polonia.

Con un aproximado de 4 mil cruces irregulares por dicha vía solo durante el primer trimestre del año se han visto diferentes fenómenos en la política interna alemana. Uno de ellos es el ascenso en las encuestas del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), férrea opositora a la migración.

Otro fenómeno es la reacción de políticos locales que buscan otorgar poderes especiales a la policía para que realice “devoluciones en caliente” o establecer controles fronterizos permanentes.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, ha rechazado hasta el momento establecer dichos controles pero la presión alimentada por las olas migratorias, y el férreo control fronterizo que mantiene Polonia, podría terminar obligándola a doblar el brazo.

Desde su llegada al poder en el 2010, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha protagonizado diferentes enfrentamientos con la Unión Europea, especialmente por asuntos migratorios.

El político derechista aplica una ley de puño cerrado contra los foráneos, algo que lamentó el propio papa Francisco durante una misa celebrada en Hungría en abril de este año.

Orbán ha calificado de “invasión” las olas de migrantes provenientes de África y Medio Oriente hacia Europa. En el 2015 el país promulgó una polémica Ley de Emergencia que les permite deportar a indocumentados sin ningún procedimiento previo, una práctica que se mantiene hasta la fecha pese a que los tribunales europeos la han declarado ilegal.

Ese año, además, concluyó la construcción de una valla de 175 kilómetros en la frontera entre Hungría y Serbia, se reforzaron las patrullas fronterizas y otorgaron poderes especiales para utilizar la fuerza con el fin de impedir cruces ilegales y se establecieron penas de cárcel para casos específicos.

En julio de este año, la Unión Europea firmó un memorando de entendimiento con Túnez en el que se incluyen una serie de áreas en las que el bloque buscará trabajar en conjunto con el gobierno de Kais Saied. Como era de esperarse, por su condición como una de las dos puertas hacia Europa para las olas de migrantes, el acuerdo incluye un apartado específico para colaboración migratoria.

Este memorando, sin embargo, ha estado plagado de críticas. Primero, porque el gobierno de Saied ha sido condenado por la comunidad internacional -incluido el Parlamento Europeo- por prácticas que reprimen la libertad de expresión, la independencia judicial y la sociedad. Además, el mandatario acumula una serie de afirmaciones racistas contra los inmigrantes subsaharianos.

Por otro lado, las ONG que se especializan en el tema han denunciado que con el acuerdo la Unión Europea estaría buscando externalizar el control de la migración y dejarlo en manos de naciones africanas con un historial de derechos humanos cuestionable.

En esta última lista entra también Libia, la segunda puerta de entrada al Viejo Continente, cuya polémica guardia fronteriza que no ha tenido reparos en disparar contra los botes de rescate humanitario que operan en el Mediterráneo recibe financiamiento de Bruselas y distintos gobiernos de la UE.