Las acusaciones de favoritismo y corrupción que ponen contra las cuerdas a Boris Johnson y dividen a los conservadores

Una serie de escándalos sobre favoritismo y corrupción han venido salpicando durante los últimos meses al oficialista Partido Conservador británico. Una tras otra, las acusaciones se han ido acumulando al punto de que gran parte de los propios ‘tories’ (como se conoce a los conservadores) se han puesto en contra del primer ministro Boris Johnson.

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El caso más reciente tiene como protagonista a Geoffrey Cox, exprocurador general de la nación y actual legislador conservador. Una investigación del diario Daily Mail reveló cómo Cox trabajaba como abogado para el gobierno de las Islas Vírgenes Británicas (territorio de ultramar ubicado en el Caribe) mientras desempeñaba su cargo actual, lo que lograba votando a través de un representante autorizado en el Parlamento.

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Cox reconoció que ha ganado más de un millón de libras esterlinas (US$1,2 millones) durante el año con trabajos externos, además de su sueldo como legislador que asciende a las 82 mil libras (US$110 mil), según el diario británico.

El político se defiende asegurando que las leyes del Parlamento le permiten tener otra fuente de ingreso siempre y cuando esta sea declarada ante dicha institución, además de que no sea considerada como un lobby en favor de algún privado.

Sin embargo, el destape llega en el peor momento posible para los conservadores y, especialmente, para Johnson.

CAMBIANDO LAS REGLAS

Hace tan solo una semana, el gobierno torie sufrió una de sus mayores tormentas gracias a otro de sus diputados, Owen Paterson.

El escándalo de Paterson se desató luego de que el Comité de Ética de la Cámara de los Comunes concluyera con una investigación que se extendió por dos años. En su informe final, dicha comisión determinó que el diputado había incurrido en un “indignante caso de cobro por la defensa de intereses privados”, luego de asesorar y llevar ante el Parlamento proyectos que beneficiaran a los laboratorios Randox y Lynn’s Country Foods.

Paterson cobró más de 102 mil libras (US$120 mil) por dichos servicios. “Utilizó su posición privilegiada como miembro de la Cámara de los Comunes para asegurar beneficios a dos compañías que le habían contratado como asesor (...) Ha traído desprestigio a este Parlamento”, señala el informe recogido en un artículo del diario español El País.

En consecuencia, el comité planteaba una suspensión de un mes en su función parlamentaria y el inicio de un proceso electoral en su circunscripción para que los ciudadanos decidieran si mantenía el cargo o era sustituido.

En una sorpresiva maniobra, el Gobierno de Johnson respondió presentando una reforma al Comité de Ética del Parlamento, en la que planteaba una serie de etapas nuevas a favor de los acusados y que evidenciaba el intento de librar a Paterson del proceso.

El escándalo fue tal que el proyecto no solo recibió el rechazo del opositor Partido Laborista sino incluso en las mismas filas tories. Muestra de ello es que la reforma se aprobó con 250 votos a favor y 232 en contra, escandaloso si consideramos que los conservadores tienen 80 escaños más que los laboristas en el Parlamento.

Políticos veteranos, legisladores actuales y gran parte de la opinión pública se opuso a la reforma, obligando a que el Gobierno retrocediera en su intención de salvar a Paterson, desvinculara su caso del proyecto y horas más tarde viera al legislador renunciar “del cruel mundo de la política”.

OTROS ESCÁNDALOS

Pero estos no son los únicos nubarrones que se ciernen sobre el número 10 de Downing Street.

Para agravar aún más el caso de Paterson, Johnson decidió no presentarse el último lunes ante la Cámara de Comunes, quienes habían organizado un debate urgente sobre las reglas que deben seguir los parlamentarios que tengan otro trabajo.

El primer ministro se justificó asegurando que tenía una visita médica pactada desde hace mucho tiempo y que no podía postergar. La oportunidad fue aprovechada por el líder de la oposición, Keir Starmer, quien dijo que Johnson “hoy ni siquiera tiene la decencia de venir a defender lo que hizo, o pedir disculpas”.

El apoyo hacia Johnson parece haber llegado a un límite debido en gran parte a las alarmas de corrupción que encienden muchas de sus decisiones.

Como ejemplo están las concesiones de contratos durante la pandemia a donantes del Partido Conservador sin un concurso público de por medio, entre los que más resaltan se encuentra el contrato por más de US$37 mil millones de libras con NHS Test and Trace, un sistema de rastreo de casos COVID-19 que se ha mostrado inservible, u otro de US$280 millones con Ayanda Capital y PestFix, por equipos de protección contra el coronavirus que no reunían los criterios mínimos.

Todo esto sin olvidar las investigaciones que recaen sobre Johnson por no haber declarado los ingresos recibidos con la venta de un libro, el origen de los fondos con los que realizaron la millonaria redecoración de su departamento privado en Downing Street o de cómo ha repartido escaños en la Cámara de los Lores a magnates que, a la vez, son donantes del Partido Conservador.

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