Imagen de archivo | Una bandera en la sede de la ONG Greenpeace antes del 50 aniversario de la fundación del grupo en Ámsterdam. (Foto de John THYS / AFP)
Imagen de archivo | Una bandera en la sede de la ONG Greenpeace antes del 50 aniversario de la fundación del grupo en Ámsterdam. (Foto de John THYS / AFP)
/ JOHN THYS
Agencia EFE

La declaró hoy organización indeseable a , a la que acusó de ser una amenaza para el orden constitucional y la seguridad de la Federación Rusa.

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Las actividades de Greenpeace “van acompañadas de la defensa activa de posturas políticas e intentos de injerencia en los asuntos internos del Estado”, denuncia el comunicado de la Fiscalía.

“En no pocas ocasiones el trabajo de Greenpeace está relacionado con la obstrucción de la realización de programas estatales rusos por medio de la organización de campañas informativas y masivas acciones públicas no acordadas con las autoridades”, apunta.

Su objetivo, añade, “es formar una opinión negativa en el seno de la sociedad e impedir la conclusión de proyectos energéticos y de infraestructuras beneficiosos para el país”.

Además de financiar a organizaciones consideradas agentes extranjeros y demandar la modificación de la legislación vigente, Moscú acusa a la ONG ecologista de promover desde el inicio de la guerra en Ucrania una “propaganda antirrusa”, llamar a un mayor aislamiento económico y al endurecimiento de las sanciones contra Rusia.

La decisión de la Fiscalía ha sido ya remitida al Ministerio de Justicia, quien incluirá a Greenpeace en la lista de organizaciones no gubernamentales consideradas indeseables.

En dicha lista figuran a día de hoy 86 organizaciones, en su mayoría estadounidenses, como el Atlantic Council, Transparency International y Bellona, y medios como Meduza, Bellingcat y The Insider.

La víspera fue incluida en esa lista el Congreso de Diputados Populares, que celebró en noviembre en Polonia su primera sesión con la participación de decenas de antiguos parlamentarios rusos.

La Oficina del Fiscal General tiene acorde a esta ley, adoptada en 2015, el derecho de asignar este estatus a cualquier organización no gubernamental extranjera o internacional si decide que sus actividades amenazan “los fundamentos del orden constitucional, la capacidad de defensa o la seguridad de Rusia”.

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