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Brasilia. La máxima autoridad electoral de Brasil decidió este martes que hay motivos para investigar la campaña presidencial que llevó a la reelección a Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular su mandato.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) votó 5-2 a favor del fallo. La autoridad judicial busca determinar si Dilma Rousseff y el vicepresidente Michel Temer cometieron abuso de poder durante la campaña, y si se usó dinero ilegal para financiarla.
La investigación del TSE podría llevar a la invalidación de la ajustada victoria de Rousseff en las urnas el año pasado, aunque el proceso podría durar meses e incluso años y ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión avivaría los intentos de la oposición por llevar adelante un juicio político a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil. La popularidad de la presidenta se ha hundido a niveles de un sólo dígito debido al escándalo de corrupción en Petrobras y a una persistente recesión económica.
Los funcionarios del TSE dijeron que el tribunal investigará la campaña de Rousseff para ver si fue financiada por dinero ilegal, incluidas donaciones originadas en el enorme escándalo de sobornos que ha envuelto a la estatal Petrobras.
La investigación del TSE fue pedida por el principal partido de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo líder Aécio Neves perdió ajustadamente en el balotaje contra Dilma Rousseff en el 2014.
Si el TSE descubre fondos ilegales en la campaña de Rousseff u otras irregularidades podría invalidar la elección de la presidenta, lo que llevaría a una nueva votación. Los analistas dicen que ese es un escenario improbable.
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron a la AFP fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones.
Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero.
Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la presidenta de Brasil es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.
Tras analizar estas presuntas maniobras, se espera que el Tribunal de Cuentas decida este miércoles si aprueba o rechaza las cuentas del gobierno del 2014, algo que allanaría el camino para la apertura de un proceso de impeachment en el Congreso, que también deberá evaluar las cuentas.
Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas 10%, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas.
Para ello, esta semana emprendió una reforma de gabinete con la intención de fortalecer su base aliada en el Congreso de Brasil.
El izquierdista PT, que asumió el poder en el 2003, es blanco permanente de acusaciones de corrupción en el caso Petrobras, que tiene bajo investigación a políticos de varios partidos y a grandes empresarios de Brasil.
El ex tesorero del PT fue condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de sobornos en Petrobras y José Dirceu, ex jefe de Gabinete del primer gobierno de Lula (2003-2010) enfrenta un juicio por la misma causa, señalado como el creador del fraude que drenó al menos 2.000 millones de dólares de la petrolera.
Fuente: Reuters/AFP
