El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este lunes al Ejército del país desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” que existen en el territorio nacional en un plazo de 24 horas después de que este domingo cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran las sedes del Congreso y el Supremo, además del palacio presidencial.
El magistrado Alexandre de Moraes recalcó así la importancia de que estos campamentos -situados en territorio ajeno al Ejército- sean completamente desmantelados a medida que la policía arresta a “todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles” tras una jornada que se ha saldado hasta el momento con al menos 300 detenidos.
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En una nueva orden judicial, Moraes expresó que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”.
Moraes ha alertado, además, de que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo.
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Además, señaló que las principales autovías de país, parcialmente ocupadas por la turba de seguidores, deben ser desbloqueadas a lo largo del día, según informaciones de la cadena de televisión G1.
Las investigaciones
Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche del domingo, luego del asalto de seguidores de Jair Bolsonaro a los tres poderes del Estado, en un ataque condenado por la comunidad internacional.
En unos incidentes que recuerdan los ataques al Capitolio en Washington hace dos años por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, miles de bolsonaristas traspasaron las barreras policiales y penetraron las sedes del poder en Brasilia, destrozando ventanas y vandalizando oficinas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había ido a Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por inundaciones recientes, volvió en la noche del domingo a Brasilia para constatar los daños en el palacio presidencial y el máximo tribunal.
“Los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados”, escribió en Twitter.
“Democracia siempre”, añadió el mandatario, que despachará el lunes desde el palacio presidencial pese a los destrozos.
La Fiscalía general solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la “responsabilización de los involucrados” en los ataques contra las sedes de los poderes en Brasilia.
El gobernador del distrito de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de “verdaderos terroristas”.
“En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones”, afirmó.
Rocha despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro.
Pero a su vez el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó a Rocha apartarse por 90 días de su cargo.
La Abogacía General de la Unión (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) ordenar el arresto de Torres y “otros agentes públicos responsables por acciones u omisiones”, según varios medios locales.
A lo largo del día, una marea humana vestida de amarillo y verde, colores de la bandera nacional pero cooptados por los bolsonaristas, ocupó las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña (centro).
Los bolsonaristas pedían una “intervención militar” para desandar el gobierno de Lula, inaugurado hace una semana como presidente de Brasil por tercera vez, luego de gobernar la primera economía latinoamericana entre 2003 y 2010.
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