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Protestaban por un desastre ambiental y acabaron detenidos, precisamente, por un presunto crimen ecológico.
Se trata de grupo de manifestantes que lanzó barro en el Congreso de Brasil para protestar por el desastre ambiental que causó la rotura de un dique minero.
Los manifestantes continuaban presos e incomunicados hasta la tarde de este jueves, a la espera de que un juez decida si les concede la libertad, informó a BBC Mundo un agente del Departamento de Policía Especializada a cargo de su custodia.
La protesta era contra la gigante minera Vale, que junto con la anglo-australiana BHP Billiton es propietaria de Samarco, la empresa responsable del dique de residuos mineros que cedió el 5 de noviembre en el estado de Minas Gerais.
La avalancha de 55 millones de metros cúbicos de barro y desechos de mineral de hierro mató a 13 personas, dejó 11 desaparecidos y según el gobierno brasileño causó la mayor catástrofe ambiental del país.
Algunos legisladores han pedido la liberación de los manifestantes detenidos.
"¿Qué paradoja es esta? Quien viene a manifestarse a la casa del pueblo termina siendo detenido bajo acusación de crimen ambiental. Pero los responsables por el mar de barro de Samarco y de Vale (…) continúan sueltos", sostuvo el diputado Chico Alencar, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
"Vivimos en la Cámara de Diputados de Brasil un templo de inversión absoluta de valores", afirmó en declaraciones a BBC Brasil.
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"Muerte"
En la protesta en el Congreso, participaron integrantes de movimientos sociales que critican los impactos sociales y ambientales de la minería, así como miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra.
Algunos manifestantes tiraron barro en los pasillos del Congreso, evocando lo ocurrido en las cercanías de la ciudad de Mariana, en Minas Gerais.
También desplegaron pancartas que decían: "Terrorista es Vale" y "Código de Minería + Mariana + Muerte".
El auto de prisión de la policía legislativa cita específicamente el artículo 65 de la ley de crímenes ambientales que castiga el hacer pintadas o profanar por otro medio edificaciones o monumentos urbanos.
También cita el Código Penal de Brasil en sus artículos 140 (injuria) y 329 (resistencia).
El documento firmado por Roberto Rocha Peixoto, director de la policía legislativa, uno de los jóvenes fue descubierto "pintando algunas paredes y piso de la Cámara de Diputados, ensuciando a las personas que transitaban en el lugar" y resistiendo la detención.
Un comunicado de la presidencia de Diputados afirmó que "jóvenes que habrían entrado en la Cámara como visitantes pintaron el local con una sustancia que se asemeja al barro".
"La palabra 'muerte' fue identificada entre las pintadas, lo que puede significar una referencia a la tragedia ambiental en Mariana", añadió.
Pero el abogado Fernando Prioste, que defiende a los detenidos, sostuvo que ellos "fueron detenidos por hacer una protesta lícita contra las violaciones de derechos humanos perpetrados por Vale".
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"Causas reales"
Sobre las alegaciones de crimen ambiental, Samarco ha sostenido que "no hay confirmación de las causas y la completa extensión de lo ocurrido".
"Investigaciones y estudios señalarán las causas reales", indicó la compañía. Su presidente, Ricardo Vescovi, afirmó el miércoles que quien critica a la empresa es porque no la conoce.
Luego de recorrer más de 500 kilómetros por el río Doce, acabando con flora, fauna y amenazando de extinción especies únicas, el barro llegó el fin de semana al océano Atlántico, donde los científicos temen que se extiendan los daños ambientales.
Los bomberos informaron que en la madrugada de este jueves, 21 días después de la ruptura del dique, los bomberos encontraron el cuerpo de la 13º víctima fatal, en un lugar de difícil acceso y donde había varios animales muertos.
Fiscales y policías brasileños aun investigan los motivos de la tragedia y los daños ocasionados.
Hasta el momento Samarco ha recibido dos multas equivalentes en total a unos US$97 millones y la justicia bloqueó unos US$80 millones de la empresa.
Además, por un acuerdo con la fiscalía, Vale y BHP deberán realizar un fondo de reparación de daños por unos US$267 millones.
Sin embargo, han surgido diversas voces que niegan que las penas guarden proporción con el desastre causado y reclaman endurecer los controles y las leyes contra delitos ambientales.