Detenidos, perseguidos, silenciados: Daniel Ortega arrecia la cacería a sus opositores

Pero además de ellos, el martes también fueron capturados en una redada policial José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la dirigente opositora Violeta Granera. Y hoy, miércoles 9 de junio, José Pallais se convirtió en el sétimo de la lista.

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Lo ocurrido el martes, con cuatro detenciones en un lapso de pocas horas, ha sido llamado por la poeta y escrita nicaragüense Gioconda Belli como “la noche de los cuchillos largos”, en una referencia a aquella noche de 1934 en que los nazis llevaron a cabo una serie de asesinatos políticos para purgar a sus opositores.

En poco más de una semana siete adversarios políticos e incómodos para el régimen de Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, están bajo custodia policial en una muestra más del autoritarismo que se vive en el país centroamericano, que en el 2018 fue testigo de un baño de sangre cuando miles de estudiantes salieron a las calles para protestar contra el gobierno.

Los resultados de esa afrenta fueron más de 300 muertos, cientos de prisioneros políticos, periodistas perseguidos y miles de nicaragüenses que se vieron obligados a huir del país, muchos de ellos exiliados en Costa Rica.

Sin oposición

Las próximas elecciones están previstas para el próximo 7 de noviembre, y aunque Daniel Ortega aún no ha anunciado oficialmente su candidatura, sus últimas acciones muestran que no está dispuesto a ceder el poder, el mismo que mantiene desde el 2007, cuando inició su segundo mandato en el país (Ortega fue presidente por primera vez de 1985 a 1990, pero previamente formó parte de la junta de gobierno tras la dictadura de Somoza).

El único partido de la oposición que está legalmente habilitado -hasta ahora- para enfrentarse a Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional es Ciudadanos por la Libertad, el mismo que tenía previsto realizar primarias entre 10 precandidatos.

Sin embargo, todo ha quedado truncado con la reciente detención de cuatro de estos postulantes.

De todos, la que tenía mayores opciones y que es una de las personalidades más populares y conocidas en el país, es Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien además le ganó en las urnas a Ortega y se convirtió en la primera mujer presidenta del continente en 1990.

Hasta febrero pasado, Cristiana presidía la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual dejó por la presión del régimen que aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una norma que regula a las organizaciones que operan en el país pero que reciben financiación de otras organizaciones o gobiernos extranjeros, como USAID. Y bajo esa norma es que ahora está bajo detención domiciliaria, acusada de lavado de dinero y de activos.

La fundación se ha dedicado a financiar proyectos periodísticos independientes y a promover la libertad de expresión, por lo que era una organización bastante incómoda para el régimen Ortega-Murillo.

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“Al montarle a Cristiana Chamorro un proceso judicial, que es viciado e inventado, Ortega se quitaba al adversario más poderoso que le podría plantar cara incluso bajo sus condiciones electorales”, explica a este Diario Maynor Salazar, periodista del portal Divergentes y ganador del Premio Nacional de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro.

“Dentro de su lógica, esta acción tiene sentido, pero después lo hace con Arturo Cruz, entonces ahí se rompe el análisis”.

Según Salazar, Cruz -otro de los precandidatos detenidos- tenía una percepción en la población de ser una pieza del orteguismo para aparentar elecciones limpias, pues fue embajador en su primer período de gobierno y mantiene contactos con el régimen.

“Uno entiende que si quieres dar credibilidad para tu proceso electoral se deben dar garantías mínimas, pero lo que está haciendo Daniel Ortega es todo lo contrario porque aprobó un reforma electoral a su medida, puso a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que son fieles a él, y el año pasado aprobó tres leyes que atentan directamente contra la oposición, contra los medios de comunicación y contra los principales opositores de su régimen. Él ha venido cazando uno a uno a sus adversarios políticos”, comenta Salazar.

“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, comentó a “The New York Times” Eliseo Núñez, analista político y opositor nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto una dictadura”.

Los cargos

Tanto Félix Maradiaga como Juan Sebastián Chamorro García -primo de Cristiana- son investigados por realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, según la policía. Los cargos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega y bajo la que también fue acusado Cruz.

Los mismos cargos han sido imputados para el dirigente empresarial José Aguerri y Violeta Granera. En el caso de Maradiaga, la Fiscalía investiga también otra causa: incumplir “gravemente” y “haber desvirtuado” los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). Esta ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el gobierno.

“Ortega pretende radicalizarse más. Y lo que quiere decir es que si te interpones en su camino vas preso o buscas cómo exiliarte. Hemos subestimado mucho la forma de actuar del régimen y está mandando el mensaje de ‘Voy con todo’”, agrega Salazar, quien como periodista también está preocupado por lo que puede pasarle a él o sus colegas.

Asedio a la prensa

“La tranquilidad para la prensa independiente se perdió totalmente desde el 2018. Nosotros informamos, pero somos asediados por la policía, por los antimotines. La cereza en el pastel es que ahora están investigando a periodistas que han tenido relación con la fundación Violeta Chamorro, ya sea porque se les entregó algún premio periodístico o porque recibieron becas o participaron en cursos. Unos 20 periodistas ya han pasado por la Fiscalía. No sabemos si los próximos en la lista de detenidos seremos nosotros”, comenta Salazar.

Semanas atrás, el régimen volvió a allanar las oficinas de “El Confidencial”, medio que es dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, y que en el 2018 sufrió otra confiscación.

“La Fundación Violeta Chamorro apoyaba al periodismo independiente haciendo trabajos de investigación y financiando equipos, capacitaciones, entre otros. Pero la prensa independiente corre un gran riesgo en Nicaragua. Trabajamos bajo fuego y riesgo. Nosotros (en 100% Noticias) nos lanzamos a la plataforma digital porque las instalaciones fueron confiscadas y nuestros directores apresados”, comentó a inicios de semana Wilmer Madrigal, periodista del canal televisivo 100% Noticias.

Entre tanto, la ONU ya ha exigido la liberación de los opositores y ha manifestado su preocupación por lo que ocurre en Nicaragua. Estados Unidos, mientras tanto, ha ido más allá y ya sancionó a cuatro funcionarios del régimen -incluyendo una de las hijas de Ortega y Murillo- y no ha dudado en llamar dictador al presidente que no tiene atisbos de querer dejar el poder.

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