“Estamos preocupados porque todos los del pabellón están supuestamente muertos y no sabemos de él todavía nada”.
Con esas palabras Alexandra Jara comparte con BBC Mundo el desasosiego que siente por no tener noticias de su sobrino Josué Pacheco, uno de los reos detenidos en del Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil, en Ecuador, donde este martes un duro enfrentamiento entre bandas rivales dejó al menos 116 muertos y decenas de heridos.
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Calificada como “la peor masacre carcelaria” en la historia de Ecuador, el violento choque entre bandas comenzó el martes (28 de septiembre) y llevó a que el presidente Guillermo Lasso declarara el “estado de excepción en el sistema” penal.
Detonaciones de armas de fuego y explosiones en varias áreas del penal activaron las alertas de las autoridades. Cuando los agentes policiales intervinieron, se encontraron con cadáveres con impactos de balas y efectos de granadas.
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Tras la masacre, una de las imágenes más desoladoras fue la de los familiares de los presos que acudieron a la cárcel en búsqueda de información y a la morgue en el sur de la ciudad para reclamar el cuerpo de sus fallecidos.
Desesperación, desorden y caos reinaban en estos lugares, mientras los policías intentaban controlar la situación y, puertas adentro, médicos buscaban dilucidar la identidad de los cadáveres.
Con el traslado de médicos y técnicos forenses desde otras partes del país, las autoridades intentan acelerar el proceso de identificación de las víctimas que ha avanzado muy lentamente.
Para el mediodía de este jueves solamente los cuerpos de 4 de los 116 muertos habían sido entregados a los familiares, según información de Henry Coral, director nacional de Técnica Científica de la Policía, citado por el diario El Comercio.
“No nos vamos a mover”
Este jueves en la mañana, mientras hacía la fila en la morgue para saber qué ocurrió con el joven de 24 años de edad, Jara explicó a BBC Mundo a través de la línea telefónica que hasta ahora no había recibido ninguna información sobre su sobrino.
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“Nos van a hacer entrar para reconocer el cuerpo”, afirmó, admitiendo que por la cantidad de gente en fila la espera aún podía tomar muchas horas.
La mujer explicó que son muchos los familiares de los presos que se han congregado allí y que han expresado su malestar haciendo ruido y manifestándose en la calle para protestar.
“Aquí vamos a estar firmes hasta que nos den resultados de mi sobrino. No nos vamos a mover”, aseguró.
Otros reclamaban justicia.
“Queremos justicia, señor presidente, al menos muestre la cara, por las madres que estamos sufriendo aquí por nuestros hijos”, dijo una mujer a las afueras del penal, según recogió la prensa ecuatoriana.
“Mi hermano, llamen a la policía, necesitan entrar al pabellón 5 (...). ¡Es mi hermano, no un perro!”, exclamó otra mujer en el mismo lugar.
En declaraciones recogidas por el diario El Universo, una mujer de 35 años llamada Nancy relató que reconoció la cabeza de su pareja en un video.
“Cómo le voy a decir a mi hija que a su papá le cortaron la cabeza, esa es la peor muerte”, dijo.
“Se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían”
La periodista del medio ecuatoriano Primicias, Carolina Mella, estuvo afuera de la morgue junto a los familiares.
En conversación con BBC Mundo, cuenta en detalle el drama que se vivió allí.
“Había cientos de personas, madres, abuelas, padres, hermanos, esposas, que estaban afuera de la morgue, en shock y desesperados por tener información. Algo tan básico como eso”, explicó.
Mella cuenta que muchos llevaban más de 24 horas en la incertidumbre, sin saber si su familiar, si su hijo o esposo formaban parte de los fallecidos.
“Ellos no solo se enteran por los noticieros de lo que está pasando, sino que también por fotografías y videos que circulan por Whatsapp. Hablé con un joven que su hermano había sido asesinado. Le pregunté si tenía información, si les habían dicho algo, y me respondió: ‘Vimos la cabeza’”, señaló.
“Esas fotografías vienen de adentro y las comparten a través de chats y redes sociales. Y así es como los familiares se enteran”.
Entre el caos y desconcierto que se vivía en el lugar, Mella explica que cada cierto rato las autoridades salían con un listado de nombres.
“Cada vez que nombraban a alguien, se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían. Era como que hasta ese momento no querían creer que sus familiares estaban muertos”.
En general, los familiares ahora se muestran precavidos ante posibles represalias, precisa Mella.
“Al interior de las cárceles, para poder sobrevivir, los presos tienen que hacerse parte de una de las bandas. Es difícil que pasen bajo perfil, sobre todo en esta penitenciaria, que ha sido conocida como el infierno mismo (...) Los familiares tienen temor de que cualquier cosa que ellos digan se malinterprete por los líderes de las bandas. Entonces lo que impera es el silencio”.
“Esta gente vive en barrios que se han creado como invasiones, que viven en covachas, en el lodo, sin acceso a agua potable, electricidad o alcantarillado. Con esa vulnerabilidad de pobreza, esos barrios son aprovechados por estos grupos delictivos”, ahonda.
Silvana Tapia, investigadora y activista ecuatoriana de la organización Alianza contra las cárceles, le dijo a BBC Mundo que episodios como el de Guayaquil “no ocurren sin una larga historia y de larga data por detrás y, sobre todo, no ocurren sin la participación del Estado”.
Tapia asegura que “existe una elevada corrupción en los funcionarios penitenciarios” de Ecuador y pide “cuestionar seriamente el origen del armamento que se está utilizando en estos eventos sangrientos”.
También apunta al hacinamiento como “factor crucial” para explicar lo ocurrido, ya que, según ella, “todas las prisiones en el país están por encima de su capacidad y no permiten una vida en condiciones dignas”.
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