En total, 22 de los 32 países de Latinoamérica y el Caribe que fueron analizados para el más reciente índice del Estado de Derecho que anualmente realiza la organización no gubernamental World Justice Project (WJP) han visto su situación agravarse.
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Tres de los 10 casos más graves, advierte el reporte presentado este miércoles, se encuentran en América Latina, siendo los de Haití, Nicaragua y Venezuela, con el país sudamericano además ocupando el último lugar de las 140 naciones estudiadas para realizar el informe.
Otro caso que encendió las alarmas fue el de El Salvador, considerado por el informe como el que más puestos retrocedió dentro de América Latina. Según WJP, la nación gobernada por Nayib Bukele ocupa el puesto 102 a nivel global y 25 a nivel regional, luego de que el respeto al Estado de Derecho disminuyera en un 4,1% respecto al 2021.
FACTORES DETRÁS
Para realizar este informe, WJP toma en cuenta factores como la seguridad y el orden, la transparencia o el respeto a los derechos humanos. Los mismos que son evaluados luego de realizar diferentes entrevistas a hogares y expertos de cada país.
En ese sentido, durante la presentación la organización destacó que la “consolidación del poder ejecutivo y la erosión de los derechos humanos y las libertades” contribuyeron al ascenso del autoritarismo en Nicaragua, Venezuela y El Salvador.
En el caso venezolano, el más grave de la región y del mundo, WJP consideró que hubo un decrecimiento del 1,4% en el respeto al Estado de Derecho causado principalmente por la falta de límites al poder del Gobierno, de justicia penal, civil, y de apertura del Gobierno.
En Nicaragua, que figura en el puesto 130 a nivel global y 30 en la región, WJP tuvo que limitarse a entrevistar a expertos debido a los obstáculos impuestos por el régimen de Daniel Ortega para obtener mayor información. El informe destaca el ilimitado poder gubernamental, la justicia penal y los derechos fundamentales como los factores más graves del país.
“Vemos con preocupación las tendencias autoritarias en Nicaragua, que están claramente definidas y se están agudizando”, subrayó la directora del Análisis de Datos de WJP, Ana María Montoya.
El Salvador, por su parte, marcó por segundo año consecutivo un retroceso dentro de la escala. En el 2020 había ocupado el puesto 91, pasando al 95 en el 2021 y alcanzando el lugar 102 para la presente edición.
A nivel regional, los menores límites a los poderes gubernamentales, un deterioro de la Justicia Civil y la falta de protección de los derechos fundamentales fueron los principales factores que agravaron sus situaciones, según detalló Natalia Rodríguez, investigadora del WJP, durante la presentación del informe.
Sin embargo, Montoya destacó que la tendencia registrada en Latinoamérica es similar en el resto del mundo, tras identificar que el Estado de Derecho se debilitó en el 61% de las naciones analizadas.
En el caso del Perú, el informe destaca un retroceso de tres posiciones para ocupar el lugar 90 a nivel global. Nuestro país, además, ocupa el puesto 20 a nivel regional.
EL OTRO LADO DE LA TABLA
La otra cara de la moneda estuvo localizada en los países nórdicos, siendo Dinamarca, Noruega y Finlandia los que mejor evaluación obtuvieron dentro del informe.
Dentro de América Latina, fueron los gobiernos de Uruguay, Costa Rica y Chile quienes mostraron mayor adhesión al Estado de Derecho.
Sin embargo, WJP también rescató la mejora registrada en Honduras (3,1%), Kosovo (2,4%), Belice (2%), Moldavia (1,9%) y Estados Unidos (1,8%), siendo los países con mayor crecimiento a comparación del año pasado.
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