La ex vicepresidenta de , Roxana Baldetti, vinculada a un fraude millonario en las aduanas, reapareció tras más de dos meses de ausencia el lunes para exigir la devolución de tres inmuebles que le fueron embargados, pero su petición fue rechazada.

Baldetti, acompañada por su esposo Mariano Paz, llegó a una sala de apelaciones del Poder Judicial, en el centro histórico capitalino, evadiendo a la prensa y custodiada por agentes de seguridad privada.

Tras casi dos horas de audiencia, los magistrados de la Sala Mayor de Riesgo y Extinción de Dominio rechazaron la petición de la ex funcionaria.

"Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías (...). Es necesario mantener las medidas cautelares", dijo al terminar la audiencia Anabella Cardona, presidente de la sala judicial.

Baldetti no aparecía en público desde el 19 de abril, tres días después de que la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad revelaran la existencia de una red que cobraba sobornos en las aduanas dirigida por el entonces secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, actualmente prófugo.

Supuestas menciones de Baldetti en escuchas telefónicas entre miembros de la banda y la presión de manifestaciones masivas, provocaron su renuncia el pasado 8 de mayo con la intención de someterse a las investigaciones. 

"Es lastimosa la forma en que están fallando este tipo de tribunales sin un sustento legal", dijo notablemente molesto Mario Cano, abogado de Baldetti.

Además del embargo de los tres inmuebles, el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, mantiene congeladas cuentas bancarias de Baldetti por el equivalente a 2,6 millones de dólares. 

La misma sala judicial tenía previsto conocer un recurso similar del esposo de la ex vicepresidenta, a quien se le embargaron ocho propiedades relacionadas con la investigación del mismo caso.

En masivas protestas callejeras, los guatemaltecos han exigido también la renuncia del presidente Otto Pérez, quien ha insistido en que se mantendrá en el cargo hasta el 14 de enero de 2016, cuando termina su periodo constitucional.

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