El nicaragüense Michael Adrián Salmerón Silva, de 24 años y quien se declaró culpable de asesinar a cinco miembros de una familia en Costa Rica, fue condenado este miércoles a 183 años y seis meses de prisión por la justicia de .

A pesar de que Salmerón Silva recibió una sentencia de pena máxima, en cada uno de los cinco delitos que le imputó la Fiscalía, la ley nicaragüense no permite que un reo esté más de 30 años tras las rejas.

La sentencia de 183 años fue establecida por la jueza primera especializada en Violencia, Fabiola Betancourt, durante una audiencia celebrada en el Complejo Judicial de Managua.

El nicaragüense se declaró culpable de los delitos de feminicidio, homicidio, homicidio frustrado, violación agravada y abandono de personas el pasado 10 de junio, durante una audiencia celebrada sin previo aviso.

Fue condenado a 25 años de cárcel por el delito de feminicidio contra la costarricense, Yeimy Durán; a 120 años por cuatro asesinatos; a 20 años por homicidio frustrado; a 4 años por abandono de personas, y a 14 años con seis meses por violación.

Salmerón Silva, quien tenía un romance con Durán, de 39 años de edad, la asesinó el 14 de febrero pasado en Costa Rica y a su esposo, el estadounidense Dirk Bouchamp, de 58 años, así como a dos hijos de la pareja, de 6 y 8 años, de acuerdo a la información de la Fiscalía.

El condenado hirió en la cabeza a otra hija de la pareja, de 12 años, quien murió dos días después por deshidratación y antes de que el crimen fuera descubierto.

Una hija de la pareja, de 4 años, sobrevivió al ataque, pero fue violada por el asesino, según la acusación del Ministerio Público.

Otra sobreviviente, una niña de seis meses, resultó ilesa en el ataque y fue identificada como "hija biológica" del sentenciado.

Ambas niñas sobrevivientes, junto con los cadáveres, fueron encontradas en la vivienda donde se produjo el crimen dos días después de lo ocurrido, mientras Salmerón Silva huyó hacia Nicaragua, de acuerdo con la acusación.

El homicida fue juzgado en Nicaragua luego de que las autoridades de ese país negaron la extradición a Costa Rica, basándose en leyes locales y tratados internacionales.

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