La jueza penal Mariel Suárez, que protagoniza un escándalo en Argentina por “conductas inapropiadas” tras haber sido filmada mientras se besaba con un preso condenado recientemente por homicidio en un juicio en el que ella votó en disidencia, había sido destituida en su cargo en 2013, pero fue repuesta en sus funciones tras la resolución favorable de un recurso de amparo interpuesto contra la actuación que llevó adelante el Consejo de la Magistratura en su contra, lo que quedó oficializado dos años después.
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Los antecedentes de aquella época registran que Suárez había sido públicamente cuestionada por el entonces intendente Néstor Di Pierro, que la acusó de “liberar presos por teléfono”, luego de que trascendieran resoluciones de la magistrada durante la Semana Santa de aquel año en relación con delincuentes que habían sido detenidos in fraganti por la policía en distintos hechos.
La jueza le envió, entonces, una carta documento al jefe comunal para que se retractara de sus dichos, pero este insistió en la acusación.
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En paralelo se inició su proceso de evaluación, a tres años desde su nombramiento, que se había producido en 2009. El Consejo de la Magistratura votó por mayoría que el desempeño de Suárez en ese lapso había resultado insatisfactorio, al tiempo que sumó en su contra una denuncia que cuestionó su actuación en una causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad.
En consecuencia, el Consejo de la Magistratura resolvió, en una decisión dividida que motivó el voto de desempate de su presidente, el envío de los antecedentes para que la jueza enfrentara un tribunal de enjuiciamiento, bajo la acusación de desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en su cargo.
Dicho tribunal se constituyó sobre fines de octubre de aquel año y resolvió la destitución de la jueza sobre dos argumentos principales: el no cumplimiento de plazos procesales de acuerdo con el criterio que había propuesto el Superior Tribunal de Justicia, a fin de no afectar el servicio de Justicia, y la actuación en el citado caso de abuso sexual de una niña, en el que liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente en el momento de la declaración de la víctima, aunque posteriormente ese error fue subsanado y la medida se revirtió, según argumentó su defensora.
Poco después, durante los primeros meses de 2014, Suárez interpuso un recurso de amparo contra la decisión del Consejo de la Magistratura, al considerar que remitir su caso al Tribunal de Enjuiciamiento había sido una decisión arbitraria, convencida de que se había tratado de una acción política promovida por Di Pierro.
Bajo el argumento de que la decisión fue “arbitraria y extemporánea”, al señalar que en otros casos de evaluación insatisfactoria no se había promovido el juicio de destitución, sino una sanción administrativa desde el Superior Tribunal de Justicia, el amparo tuvo una consecuencia inmediata: el entonces juez civil Gustavo Sanca la repuso en el cargo, del que había sido suspendida el 6 de junio de 2013.
En su cuenta de Twitter, Suárez se describe como jueza penal y especialista en protección de datos personales. En esa red social publicita charlas en las que participa. Su última exposición fue el 21 de diciembre pasado en una conferencia internacional titulada “Aspectos prácticos del análisis de la escena del crimen y estrategias de litigación oral de la evidencia”.
En Instagram también tiene perfil, pero allí se muestra menos activa.
Con un condenado por homicidio
El escándalo se desató esta semana, tras filtrarse el video en el que se ve a la jueza intimando con Cristian “Mai” Bustos, un preso considerado de alta peligrosidad y recientemente sentenciado en un juicio oral y público, en Esquel.
Bustos fue condenado por homicidio en dos oportunidades y tiene un largo prontuario. Su nombre tomó relevancia en Chubut en 2005, cuando fue detenido en la ciudad de Esquel, acusado de matar a su hijo Eric, de solo 9 meses, a quien le fracturó la espina dorsal mientras estaba cuidándolo.
Fue condenado en primera instancia a prisión perpetua, en 2007, pero se fugó de la comisaría de Corcovado, donde cumplía prisión preventiva.
Bustos estuvo prófugo hasta 2009, cuando descubrieron que había ido a la casa de sus padres. Fue ese día que la policía intentó detenerlo, pero junto a sus hermanos salió armado y se enfrentó a la policía. En esa circunstancia murió el policía Leandro “Tito” Roberts.
Pese a todo, Bustos siguió adelante con su fuga y finalmente fue detenido en Chile, en 2015. Allí se resistió con armas de fuego, hiriendo a un carabinero. Por ese hecho fue condenado por la Justicia trasandina a la pena de 4 años de prisión por tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones.
El Estado Argentino pidió la extradición, que fue autorizada cuando finalizó el cumplimiento de la pena en Chile. Cuatro años después se produjo el traslado a Chubut, en octubre de 2019.
El 22 de diciembre de 2021 terminó el juicio en su contra por el homicidio de Roberts. Tras recibir la pena máxima fue trasladado al Instituto Penitenciario Provincial, el lugar donde ocurrió encuentro con la jueza Mariel Suárez, que quedó registrado en las cámaras de seguridad.
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