Lo que antes era amenaza, ya es realidad: Estados Unidos aplicó sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela.
Este miércoles, el Departamento de Estado les quitó la visa a varios funcionarios del gobierno venezolano -cuyos nombres no se revelaron- por su supuesta responsabilidad en violaciones de los derechos humanos en la represión de las protestas antigubernamentales entre febrero y mayo de este año, que dejaron 43 muertos y más de 3.000 detenidos.
Horas después de conocerse la medida, el canciller venezolano, Elías Jaua, dijo que se trata de "agresiones (…) de quienes saben que el mundo está cambiando".
"Bienvenida sea la furia si lo que se le intenta cobrar a Venezuela es el papel por luchar por una América Latina de desarrollo, estable como territorio de paz", dijo el canciller en rueda de prensa.
La medida llega dos días después de que el general venezolano Hugo Carvajal fuera liberado en Aruba tras dos días detenido a petición de EE.UU., quien lo acusa de narcotráfico.
La liberación de Carvajal, que estaba en proceso de ser extraditado a EE.UU., parece haber acelerado la aplicación de las sanciones que promueven varios senadores republicanos.
Uno de ellos es Marco Rubio, quien dijo el miércoles que a las restricciones de los visados "le debe seguir la congelación de activos" de los funcionarios venezolanos en EE.UU..
Sin embargo, algunos expertos creen que las sanciones contra políticos venezolanos -que no son del todo inéditas- no afectarían al gobierno de Maduro: por el contrario, le harían un favor.
"La comunidad internacional debe cumplir un rol en garantizar que se respeten los derechos humanos, pero las sanciones solo van a ser contraproducentes", le dice a BBC Mundo David Smilde, investigador de la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA).
"COMO EN CUBA"
Las sanciones anunciadas este miércoles son hasta ahora el punto máximo de la historia de constante deterioro que han experimentado las relaciones entre Washington y Caracas en los quince años de la llamada revolución bolivariana que instauró el fallecido presidente Hugo Chávez.
Smilde apunta que las sanciones han sido exitosas en varios casos, como en Sudáfrica, donde "el boicot de Occidente era muy difícil de explicar a la población y el gobierno tuvo que ceder, dialogar y finalmente cedió el apartheid".
"Pero en Venezuela la situación es distinta", dice. "Y su efecto sería parecido al que tuvieron en Cuba, donde las sanciones lo único que han hecho es permitir al gobierno quedarse en el poder".
El embargo de EE.UU. a Cuba, impuesto en 1960, fue desde entonces un argumento del gobierno de Fidel Castro para explicar los problemas de la isla.
Algo similar ocurre con el gobierno venezolano, dice Smile, pues su discurso retrata a EE.UU. como una potencia imperialista.
"Y en ese sentido van a decir (tras las sanciones) que EE.UU. quiere desestabilizar a Venezuela para controlar su petróleo y amenazar el éxito de su alternativa socialista".
De hecho, es difícil que pase un día sin que alguien del gobierno venezolano hable mal de EE.UU..
"LE DA UN CULPABLE"
Venezuela se encuentra en una de sus peores crisis en décadas, con una inflación del 61%, desabastecimiento de productos y una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
Según analistas, las sanciones le darían al gobierno un argumento para echarle la culpa a EE.UU. de los males que aquejan al país.
"Justificarán la deficiencia del gobierno con las prácticas del 'imperio'", le dice a BBC Mundo Marino Alvarado, director de Provea, una organización defensora de los DD.HH..
Por su parte, Smilde sostiene que "las sanciones vuelven un conflicto que debería ser entre el gobierno y la oposición en un conflicto entre Venezuela y EE.UU."
Y añade: "Con eso Maduro puede distraer la atención de sus propios defectos y desviar las quejas legítimas de los venezolanos que protestan en las calles".
"LE DA UN SALVAVIDAS"
Otro punto que argumentan los analistas es que la mayoría de los venezolanos está en contra de las sanciones.
Según Datanálisis, una encuestadora con sede en Caracas, esa mayoría es el 73% de la población, un segmento que incluye tanto oficialistas como opositores.
Incluso cuando se trata de sanciones concretas como las que EE.UU. está aplicando, el 54% las rechaza, mientras que el 28% las apoya.
"Las sanciones pueden devolverle la popularidad a un gobierno que en medio de una crisis económica es cada vez más impopular", explica Alvarado.
Según Datanálisis, cuando se les pregunta a los venezolanos por qué creen que EE.UU. aplica las sanciones, el 44% dice que es una excusa para provocar un golpe de Estado, el 16% cree que es un mecanismo para atacar a Maduro y solo el 20% las ve como un mecanismo para castigar a los oficiales acusados de cometer violaciones a los DD.HH..
"Las sanciones le lanzan un salvavidas a un gobierno que aceleradamente se está hundiendo y que está por anunciar un paquetazo", señala Alvarado, en referencia al conjunto de medidas económicas -como una devaluación, aumentar el precio de la gasolina o limitar el gasto público- que muchos esperan anuncie el gobierno antes de fin de año para aliviar la situación económica.
De hecho, apunta, "las sanciones le dan a Maduro el espacio político para aplicar las medidas".
"LOBBY"
Alvarado, que como defensor de los DD.HH. cree que el gobierno venezolano debe ser castigado, asegura que una alternativa a las sanciones es el lobby.
"EE.UU. puede presionar a las instancias internacionales como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que condenen tajantemente las prácticas del gobierno", dice.
"Porque una cosa es que al gobierno lo critiquemos ONGs locales como Provea y otra que lo critique la ONU", sostiene.
"Los organismos internacionales tienen impacto político".