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Caracas. Los principales representantes de la iglesia católica en Venezuela responsabilizaron hoy al Gobierno de la crisis económica y social que atraviesa el país a raíz de la intención oficial de implantar un modelo que calificaron como "comunista".
"El mayor problema y la causa de esta crisis general, como hemos señalado en otras ocasiones, es la decisión del gobierno nacional y de los otros órganos del Poder Público de imponer un sistema político-económico de corte socialista marxista o comunista", criticó hoy la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en un comunicado.
El modelo impone un "sistema totalitario y centralista, (que) establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas", destaca el escrito.
La CEV lamentó la crisis actual que atravesaría Venezuela, que tiene "una deuda externa gigantesca, que hipoteca el futuro de los venezolanos, la inflación desbordada, la devaluación de nuestra moneda, el contrabando de extracción y el desabastecimiento de productos básicos han generado el empobrecimiento creciente de amplio sectores de la población".
De igual manera, critica la violencia "fuera cual fuera su origen y autores" generada el año pasado durante las manifestaciones opositoras que se saldaron con 43 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos, pero culpa al gobierno de un "uso excesivo de la fuerza".
"Denunciamos el uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas, así como la detención de miles de personas, muchas de ellas todavía hoy en prisión (...). Hay abundantes denuncias de violaciones de derechos humanos e incluso de torturas a los detenidos que deben ser atendidas y sancionados los culpables de estos delitos", señala el episcopado.
Para solucionar estos problemas, la jerarquía católica propone retomar "nuevamente el diálogo como la vía indispensable para lograr la concertación".
Sin embargo, la CEV acotó que para alcanzar una concertación es indispensable "el respeto absoluto a los derechos humanos", que incluye acabar con los abusos policiales, no utilizar el sistema judicial para amedrentar e inhabilitar a adversarios políticos y respetar la libertad de expresión.
Fuente: DPA
