El pasado 3 de mayo se derrumbó un puente elevado de la línea en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la capital, por lo que el vagón cayó sobre la carretera, quedó encallado en forma de “V” y dejó 26 muertos y un centenar de heridos. (Foto: Henry Romero / Reuters / Archivo)
El pasado 3 de mayo se derrumbó un puente elevado de la línea en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la capital, por lo que el vagón cayó sobre la carretera, quedó encallado en forma de “V” y dejó 26 muertos y un centenar de heridos. (Foto: Henry Romero / Reuters / Archivo)
Agencia EFE

El Gobierno de y el Grupo CICSA, del magnate Carlos Slim, han llegado a acuerdos reparatorios con 80% de los heridos y familiares de las que dejó 26 muertos en mayo de 2021, reveló este miércoles la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

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“Lograr acuerdos reparatorios con el 80 % de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron, representa un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”, dijo en un mensaje a medios.

El anuncio ocurre nueve meses después de que el pasado 3 de mayo, se derrumbó un puente elevado de la línea en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la capital, por lo que el vagón cayó sobre la carretera, quedó encallado en forma de “V” y dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

CICSA, que construyó el tramo en cuestión, ha negado ser responsable de la tragedia, pero en octubre anunció un “acuerdo reparatorio” con el Gobierno capitalino para rehabilitar la línea 12 y ahora ha prometido resarcir a las víctimas.

“Reconocemos la voluntad expresa de CICSA para que conociendo el estado procesal en el que se encuentra el caso, se han ofrecido a atender los daños causados a las víctimas, así como la disposición de la mayoría de las personas afectadas por aceptar el acuerdo”, indicó Godoy.

Esta negociación, añadió la fiscal, “con voluntad de todas las partes, abrevió la resolución de un juicio, largo y desgastante, que finalmente desembocaría en ordenar la reparación del daño”.

En la prensa mexicana ha trascendido que los acuerdos van de 400.000 pesos (casi 19.475 de dólares) a los 6 millones de pesos (más de 292.000 dólares) con tal de renunciar al derecho a demandar a la empresa del Grupo Carso.

Pero la funcionaria no precisó la información con el argumento que sus “contenidos no pueden ser revelados por ministerio de Ley”.

“Saludamos la disposición y compromiso hacia las víctimas, con la verdad y el acceso a una justicia restaurativa, respetando en todo momento los derechos humanos de las partes, la protección de datos personales y la confidencialidad en los acuerdos reparatorios”, manifestó.

Los acuerdos han levantado expectativa por involucrar a la empresa de Slim, el hombre más rico de México.

Tanto el peritaje de la Fiscalía como un informe independiente encargado por el Gobierno de Ciudad de México a una empresa noruega concluyeron que el accidente se debió a una “falla estructural” de la construcción, en el periodo de 2006 a 2012.

Pero la Fiscalía solo ha acusado formalmente a 10 personas de homicidio doloso, lesiones y daño a la propiedad por el derrumbe.

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