Fotografía del 27 de febrero de 2021 que muestra peritos forenses laborando en la zona del crimen donde se registró un tiroteo en el municipio de Tonalá, en Jalisco, México. (EFE/ Francisco Guasco/Archivo).
Fotografía del 27 de febrero de 2021 que muestra peritos forenses laborando en la zona del crimen donde se registró un tiroteo en el municipio de Tonalá, en Jalisco, México. (EFE/ Francisco Guasco/Archivo).
Agencia EFE
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La desaparición de cinco miembros de una familia, entre ellos dos menores de edad, en un municipio del occidental estado de Jalisco evidenció la colusión de las agrupaciones policiales municipales con el crimen organizado y la crisis de seguridad que vive la entidad, la segunda más importante de .

Rogelio Barba, especialista en seguridad en Jalisco, aseguró a Efe que los vínculos de las policías municipales y estatales con los grupos criminales es una constante en todos los estados del país, pues les facilita las actividades ilícitas en ciertos territorios.

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“Es una práctica sistemática de las organizaciones criminales, sus operadores en el crimen forman parte de la delincuencia autorizada, la delincuencia institucional. Se pone en evidencia el contubernio entre los malos y quienes nos deben de proteger, lo que deja mal parado al esquema de seguridad ciudadana”, dijo en entrevista.

POLICÍAS INVOLUCRADOS

El pasado 24 de marzo, Virginia Villaseñor y su hijo Iker, de 9 años, así como su hermano Julio Villaseñor, Jimena Romo y Julia, hija de ambos de un año de edad, desaparecieron en el municipio de Acatic, en la región Altos de Jalisco, cuando regresaban de sus vacaciones en la Ciudad de México.

En la desaparición estuvieron involucrados ocho policías municipales, incluidos el comisario y el subcomandante, quienes los retuvieron cuando circulaban por ese municipio a bordo de su camioneta y después los habrían entregado al crimen organizado de acuerdo con el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís.

“Se lograron obtener datos respecto a la participación de al menos ocho elementos de esa comisaría de Acatic, simultáneamente a la búsqueda de personas se trabajó en los datos de prueba para integración de la carpeta para obtener órdenes de aprehensión”, explicó.

Siete policías, entre ellos una mujer, fueron arrestados por el delito de desaparición forzada y enfrentarán un juicio en las próximas semanas, aunque aún falta por localizar el subcomandante de la corporación, quien está prófugo.

Tras dos semanas de búsqueda que involucró al Ejército, la Guardia Nacional y a la Fiscalía, el jueves pasado una de las menores fue abandonada en un lote baldío en el municipio de La Barca, a unos 100 kilómetros de distancia de Acatic, en donde fue encontrada por un ciudadano que dio aviso a la Policía.

Horas después, los cuatro miembros restantes de la familia fueron liberados en buenas condiciones de salud en el municipio de Zapotlanejo, a unos 30 kilómetros del lugar de desaparición.

ACUSACIONES RECURRENTES

Barba recordó que las acusaciones contra policías municipales en México, y en Jalisco en particular, han sido recurrentes desde hace casi una década y evidencia las malas condiciones en las que estos realizan sus labores.

“En ocasiones forman parte de la nómina, y en otras ocasiones son forzados contra su voluntad. Hay municipios que seguramente no pasan de 60 policías que son rebasados en número, en estrategia y violencia y en ocasiones son sometidos por las organizaciones criminales para que cooperen”, indicó.

Dos expolicías de ese municipio enfrentan un juicio por la desaparición de dos hombres en junio de 2020, quienes fueron vistos por última vez en una gasolinera de Acatic.

En febrero de 2020, 160 policías del municipio de San Juan de los Lagos, en la región Altos, fueron desarmados y relevados en sus funciones luego de que una investigación federal reveló una posible infiltración por parte del crimen organizado.

En enero de 2018, la Policía del municipio de Tecalitlán, en el sur del estado, detuvo y entregó a un grupo del crimen organizado de la región a los italianos Vincenzo Cimmino y Antonio Russo, quienes acudieron a esa localidad en busca de su familiar, Rafael Russo, que días antes había desaparecido.

A inicios de abril de este año dos de los policías inculpados en el hecho recibieron una condena de 50 años por el delito de desaparición forzada aunque aún se desconoce el paradero de los tres italianos.

Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas y fosas clandestinas en México, al sumar 12.105 casos entre el 15 de marzo de 1964 y el 8 de abril del 2021, de las cuales 3.096 son contabilizadas desde diciembre de 2018, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación mexicana dado a conocer el 7 de abril.

En 2020, fueron recuperados 433 cuerpos de personas enterrados en fosas clandestinas en Jalisco, es decir, en el estado se concentraron 42.96 % de los 859 cadáveres encontrados a nivel nacional en este tipo de lugares.

Ese estado, que alberga a la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más poblada del país, es sede del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso de México.

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