Los partidarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reúnen durante el debate de un proyecto de ley de electricidad del gobierno que apunta a fortalecer a la compañía eléctrica estatal CFE a expensas de las empresas privadas, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de México.
Los partidarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reúnen durante el debate de un proyecto de ley de electricidad del gobierno que apunta a fortalecer a la compañía eléctrica estatal CFE a expensas de las empresas privadas, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de México. / REUTERS/Edgard Garrido
Agencia AFP

La Suprema Corte de Justicia de avaló este jueves una reforma eléctrica impulsada por el gobierno que refuerza la participación estatal en detrimento de los privados, y que es rechazada por Estados Unidos, Canadá y España.

En la parte medular, el máximo tribunal declaró constitucional que la norma -aprobada por el Congreso en 2021- otorgue prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía.

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Hasta ahora las empresas privadas tienen prelación para subir su energía a la red nacional.

Los magistrados consideraron que los cambios a una ley de 2013 no vulneran la libre competencia, tratados comerciales como el T-MEC (entre Canadá, Estados Unidos y México) ni derechos ambientales.

Sin embargo, “aquellos que se sientan afectados pueden recurrir a instancias internacionales”, como el panel de controversias del T-MEC”, comentó a la AFP el constitucionalista Francisco Burgoa.

La corte resolvió así una serie de impugnaciones presentadas por congresistas opositores, un gobierno estatal y la Comisión Federal de Competencia, entidad pública autónoma del gobierno.

A la par de esta “ley secundaria”, el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador impulsa en el Congreso una reforma constitucional del sector eléctrico que plantea reservar al menos 54% de la producción de energía a la CFE, contra el 38% actual y el 62% que detentan los privados.

También propone un monopolio estatal sobre la explotación de litio.

Estas iniciativas son rechazadas por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y España, que consideran que dañan el medio ambiente -al permitir el uso de energías sucias- y los intereses de sus inversionistas, además de contravenir posiblemente el T-MEC y el pacto comercial con la Unión Europea.

El enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry, advirtió la semana pasada que si las reformas prosperan habrá “una clara respuesta” de Washington en el terreno comercial, según una entrevista con el diario Reforma durante una visita a Ciudad de México.

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