Agenda pendiente de la descentralización, por Lourdes Flores

Cuando en setiembre de 1983 me despedí de mi maestro Luis Bedoya Reyes para seguir mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, me recomendó estudiar el Estado de las Autonomías Españolas, sus avances y problemas, cinco años después de dictada la Constitución española. Seguí el buen consejo y recibí notables lecciones de constitucionalistas como Jiménez de Parga y Lucas Verdú. 

La España plural de las autonomías, los reclamos autonomistas de vascos y catalanes y el esfuerzo descentralista tuvo un punto de partida fundamental: la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), surgida en el gobierno de Calvo Sotelo del pacto entre la UCD y el PSOE. La norma fue la base de los pactos autonómicos y pretendía asegurar una transferencia gradual de competencias en función de la capacidad de los nacientes gobiernos autonómicos. Es verdad que poco tiempo después el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos de sus artículos y que el proceso fue reimpulsado por Felipe González a su estilo y forma. Treinta años más tarde, tanto en el PP como en el PSOE se habla de “retornar al espíritu de la Loapa”, que algunos entienden como la recentralización de algunas funciones. España afronta el grave problema de Cataluña y el Gobierno Nacional defiende una España plural sin divisiones ni separatismos, pero con respeto a sus diferencias.

El recuento que antecede permite señalar que el proceso de descentralización es complejo y reclama, cada cierto tiempo, un alto y correcciones para seguir avanzando. Constituidos los gobiernos regionales en la primera administración aprista, fueron abruptamente cerrados en la autocracia fujimorista y reemplazados por centralistas gobiernos transitorios de administración regional. Alejandro Toledo, con precipitación, convocó a elecciones de autoridades regionales, sin ley de desarrollo y sin un plan concebido. Alan García lució en el salón Túpac Amaru un inmenso cheque exponiendo el dinero que habría de transferirse a los gobiernos existentes. En el poder local, se evidenció la crítica a los partidos y un sinnúmero de aventuras personalistas coparon los gobiernos regionales y locales. En estos días respiramos un clima caótico con denuncias que se multiplican respecto de casi todos los gobiernos regionales.

¿Puede alguien dudar que hace falta un alto para enmendar rumbos y avanzar? Entiéndase bien: el proceso es irreversible e indispensable. El Perú democrático y plural clama por su descentralización económica y administrativa. Pero, frente al desorden imperante, hace falta detenernos para juntos concebir nuestra propia Loapa, armonizar y reorientar el proceso descentralista nacional. La ocasión es propicia: el 5 de octubre elegiremos nuevas autoridades. El Gobierno Nacional, los partidos políticos representados en el Parlamento y las nuevas autoridades debemos establecer algunas líneas de reorientación entre octubre y diciembre del presente año. 

Me permito proponer los siguientes temas de una agenda de armonización y reorientación del proceso descentralista:

1. Responsabilidad de los partidos políticos en una presencia territorial y promoción de liderazgos políticos regionales y locales. Mi partido, el PPC, ha conferido autonomía plena a los comités regionales para concebir sus proyectos y contemplo con alegría interesantes esfuerzos de promoción de liderazgo regional. Esos cuadros políticos son fundamentales.

2. Impulso a la tarea de Servir para forjar una administración pública descentralizada. Bien podría, para ese empeño, valerse de los jóvenes profesionales que financiados por Beca 18, el mejor programa social de esta administración, concluirán sus estudios técnicos o universitarios. Honrando compromisos adquiridos y sueños propios, pueden volver, bien remunerados, a constituir un cuerpo de élite en la administración regional. Esos nuevos ingenieros que han venido a las universidades a formarse son un capital humano extraordinario para construir el liderazgo administrativo de las regiones peruanas.

3. El SNIP a las regiones. Menos crítica a proyectos imperfectos; a la cancha, a trabajar con el personal existente y a convocar a las universidades para evaluar los requerimientos regionales y formular perfiles y proyectos indispensables para el desarrollo regional.

4. Auditores regionales directamente dependientes de la contraloría. El control ha fallado; órganos de control designados por las autoridades administrativas teóricamente autónomos han resultado débiles. Necesitamos auditores genuinamente autónomos, conscientes de su responsabilidad que es la del control y no la sustitución o parálisis de la gestión. Mucho ganaremos escogiendo adecuadamente un cuerpo de auditores de primera, que bajo condiciones adecuadas de trabajo concentren sus esfuerzos en las administraciones regionales y contribuyan a reorientar la gestión pública.

5. Mucho más obras por impuestos y asociaciones público-privadas. Creemos conciencia cuán eficiente resulta que la empresa privada financie y ejecute la obra debidamente priorizada por la autoridad o que se asocie para gestionar el servicio que la comunidad demanda. Que la Sunat deje de poner peros; que se eliminen las dificultades y trabas; que las autoridades pierdan el miedo y, desde luego, que entierren el diezmo o la prebenda obtenida del contratista amigo y del contrato amarrado. Veremos obras, veremos resultados y no tengo duda de que habrá menos sobrevaluación y coimas.

6. Mancomunidades para forjar alianzas hacia verdaderas regiones. La auténtica regionalización, de la que aún estamos lejanos con la existente departamentalización, no se hace en un escritorio ni se impone; se construye en un proceso político que requiere inteligencia y tenacidad. El forzado intento de forjar regiones impuestas fracasó. La mancomunidad es un esfuerzo para el trabajo conjunto; puede ayudar a reducir el conflicto localista; hace más eficiente la gestión; ahorra costos y, sobre todo, acerca. 

7. Hacia el Estado moderno. La economía social de mercado, modelo económico constitucional que es la base de nuestro éxito, reclama un Estado eficiente y fuerte para actuar en los campos que le son propios. Hemos tenido ingentes recursos generados desde las regiones con un Estado ineficiente, desarticulado, débil y gravemente dañado por la corrupción. Políticas públicas con ministerios puramente normativos sin brazos de ejecución no permiten reformas en la educación o en la salud. El Estado moderno que el Perú del siglo XXI reclama comienza desde las regiones pero debe reorientarse; esa tarea necesita el compromiso de todos nosotros. Ineludible responsabilidad.