Nuevas políticas para mejores gestiones

Los distintos gobiernos en el Perú han cometido uno de los errores más elementales en relación con la gestión de los desastres naturales: no crear las capacidades técnicas básicas para su prevención. Y lo que se ha buscado en estos días, dentro de las lamentables pérdidas humanas y materiales producto del ciclón Yaku, es atribuir la responsabilidad de estos sucesos a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que nació con el objetivo de financiar la reconstrucción de los daños causados por el Niño costero en el año 2017. Ello no solo es inexacto, sino que nos desvía del problema de fondo, que es el diseño e implementación de una política de Estado que apunte a mejorar las capacidades de gestión del funcionario público y que integre las distintas entidades públicas competentes para la entrega de obras de calidad, que eviten tragedias como las vividas en estos días.

El 28 de abril del 2017 se creó la ARCC con el objetivo de financiar a los tres niveles de gobierno para la reconstrucción de la infraestructura dañada por el fenómeno de El Niño, así como algunos estudios y obras puntuales de prevención. Es decir, la ARCC gestionaba el presupuesto ante el Ministerio de Economía y eran los demás ministerios, gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales los que estaban a cargo de ejecutar directamente las obras (colegios, canales de riego, bocatomas, caminos, carreteras, puentes, establecimientos de salud, saneamientos, pistas, veredas, reservorios, entre otros).

El problema con este modelo se resume en dos aspectos: de un lado, que la ARCC no había sido constituida como entidad ejecutora de las inversiones, lo que impedía aprovechar las eficiencias que se generarían al centralizar las contrataciones en una sola entidad y, de otro lado, que el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios no contemplaba la hoja de ruta para que las entidades ejecutoras pongan énfasis en las obras de prevención para mitigar los efectos devastadores de los fenómenos naturales en la población. Así, en ningún caso, era responsabilidad de la ARCC ejecutar alguna de estas obras de ingeniería, una condición que se mantuvo hasta fines del 2020.

Cuando asumo el cargo de directora ejecutiva (31/10/2019), propongo que la ARCC se constituya en unidad ejecutora de inversiones ya que se advertía claramente que los gobiernos regionales y sectores habían tenido un lento avance o nulo en algunos casos en las obras de prevención y, además, como expliqué, existía una oportunidad de centralizar los procesos de contratación con la consiguiente ganancia de eficiencias. Para ello, se propuso también celebrar un convenio de gobierno a gobierno (G2G) que nos ayude a gestionar el paquete de obras de prevención de alta complejidad. Este G2G se firmó en junio del 2020. Sin embargo, debido a que los sectores y gobiernos regionales no podían ceder la unidad ejecutora a la ARCC porque no habían culminado los estudios de preinversión, o estaban con contratos paralizados o resueltos, recién a fines del 2020 se pudo ejercer plenamente el rol de unidad ejecutora.

Como resultado de estas acciones, en el marco del G2G se logró concretar contratos de 127 proyectos (agrupados en 27 paquetes) de salud (15), educación (74) y de prevención (38). De las 17 cuencas, siete drenajes y cinco quebradas contempladas en el Plan de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), 15 cuencas, dos drenajes y cuatro quebradas ya cuentan con contratos suscritos de diseño y construcción que están en plena ejecución. Así también, se están elaborando los expedientes técnicos de cuatro drenajes pluviales.

En el componente de reconstrucción, se logró ejecutar de forma acumulada 16.869 millones y se financió el 81% de las intervenciones planificadas en el PIRCC. Esto se reflejó en la culminación de casi 6.500 intervenciones y que, al finalizar mi gestión, 1.500 intervenciones se encuentren en plena ejecución y proceso de selección, lo que representaba el 81% del total de intervenciones de reconstrucción de avance físico.

Sin embargo, a pesar de estos avances importantes, todavía hay un camino por correr, no solo en la ejecución de las obras en el marco del G2G, que tienen sus propios presupuestos y cronogramas, acorde con la práctica internacional, sino en la implementación de medidas para una efectiva gestión de desastres naturales a una escala nacional. Por ejemplo, los principales desafíos que deben abordarse son: mejorar la política predial, la construcción de capacidades institucionales y técnicas a nivel nacional y subnacional, la integración de las distintas entidades públicas competentes, el involucramiento de la población, reforzar el enfoque proactivo más que reactivo y asegurar que la gestión de estos riesgos sea incorporada en los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno.

Por lo dicho, si bien el modelo inicial de la ARCC tuvo elementales limitaciones en materia de ejecución y de atención de aspectos preventivos, que fueron corregidos en el 2020 y aunque no fue suficiente el esfuerzo, es importante impulsar la ejecución de las obras de prevención que ya cuentan con contratos firmados, además de complementar con otras medidas dentro de una política proactiva de Estado de gestión de desastres y de mitigación de sus devastadores efectos.