¿El proyecto para fiscalizar financiamiento de ONG es negativo para el país?

Lo falso. Las ONG no le rinden cuentas a nadie. En el mundo de las ONG y las asociaciones de la sociedad civil pasa lo mismo que en el mundo empresarial o, en general, en el Perú. Un pequeño sector formal convive con un gran sector informal.

Para aquellas organizaciones ya inscritas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que forman parte del universo de la cooperación internacional, la información sobre el origen de los fondos, el uso de esos fondos y la rendición de esos fondos está en manos de la APCI. Y, al detallado escrutinio local de la Sunat y del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, se suman las auditorías por proyecto e institucionales de cada agencia que financia actividades.

No es correcto, entonces, afirmar que no hay transparencia y fiscalización porque, para las formales, las hay y de sobra, con mecanismos de control y supervisión de toda actividad y de todo ingreso. Sobre todo porque así lo exige la propia cooperación internacional.

Lo peligroso. El control político sobre voces disonantes. Las ONG, en sus distintos campos de acción, pueden ser una fuente de incomodidad para el poder, incluyendo el ‘activismo político’, término ambiguamente introducido en el proyecto de ley. Cuando se pretende determinar que los fines de una ONG no deben “atentar contra las leyes, el orden público, la defensa nacional y las buenas costumbres”, se deja en manos del gobierno de turno la decisión de establecer qué se entiende por cada término. Así, se podría sancionar a una institución que aboga por la meritocracia en la educación y denuncia una ley que dispone la reposición de maestros no calificados, por ejemplo. O a otra asociación que quizás esté abocada a la lucha contra la pobreza y la injusticia social, y busque a empoderar a las mujeres en el camino, lo que podría ir en contra de las “buenas costumbres” para un gobierno reaccionario.

En general, de aprobar esto, abriríamos la puerta para que un gobernante radical acabase con la libertad de asociación (eclesiástica, empresarial, civil), usando la ley, en defensa de lo que sea que se considere amenazante para entonces.

Cuando los detractores de la ex-ANR reclamaban que el modelo de autorregulación había fracasado y era responsable de la baja calidad del sistema educativo universitario, plantearon como solución un modelo de regulación en el que existiera supervisión y sanción por parte de un ente autónomo que garantizara el mismo, a fin de mejorar la calidad del sistema educativo universitario.

En dicha oportunidad, existió unanimidad del sector progresista en establecer dicho mecanismo, incluso si se trataba de universidades privadas que se encontraban en el ámbito privado y cuyo dinero también era privado.

Estas mismas consignas ahora existen con el control de los actos parlamentarios. Dicho sector reclama mayor control sobre estos y los ha judicializado, pese a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC), menoscabando las competencias del Congreso, bajo amenaza de no reconocer lo dispuesto por el TC si no les da la razón. Buscan instaurar la intolerancia como forma de acción política: si no me dan la razón, es parte del pacto del Congreso con el Ejecutivo, entre otras consignas que apuntan a deslegitimar las instituciones democráticas como línea de acción al no poder ganar elecciones, instaurando con ello el ‘pensamiento único’.

Ahora, este sector progresista y cuyo ‘pensamiento único’ es más y más regulación, que incluso valida que los partidos políticos sean disueltos por responsabilidades personales de sus dirigentes, ahora nos pide menos regulación para las ONG, y se han vuelto acérrimos defensores de la impunidad de estas y su modelo de autorregulación, por tener fondos privados. Frente a sus intereses, debemos cambiar de discurso y no debemos tocar ni con el pétalo de una rosa a las ONG.

Qué de malo tiene este proyecto si solo busca mayor publicidad de la transparencia de los fondos de las ONG. Saber quién los financia y en qué destinan sus recursos, y que la APCI pueda supervisarlas y sancionarlas. Cómo no estar de acuerdo con ello. Dicho sector lo estaría si fuera coherente, salvo que ahora la consigna sea “con mi ONG no te metas”.