(Foto: Reuters)
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/ Donald J. Trump via Twitter
Rosalind  DixonDavid Landau

Por David Landau y Rosalind Dixon.

Después de que una turba incitada por el presidente Trump ocupara el Capitolio, la democracia estadounidense necesita protección ahora, y también en las próximas semanas y años.

Hay informes de discusiones preliminares dentro de la administración sobre la invocación de la enmienda 25, una disposición en la Constitución que proporciona un proceso para declarar a un presidente en ejercicio incapaz de cumplir con sus deberes. Otra llamada proviene de una fuente sorprendente: la Asociación Nacional de Fabricantes, que no es una organización conocida por este tipo de activismo político, dijo que el vicepresidente Mike Pence “debería considerar seriamente trabajar con el gabinete” para invocar la enmienda para destituir al presidente Trump y “preservar la democracia”. La gente está invocando la vigésimo quinta enmienda con el argumento de que Trump no es apto para ocupar el cargo e incitó el caos en Capitol Hil.

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También hay pedidos de varios demócratas para acusar y destituir al presidente por sus acciones en torno a la toma ilegal y violenta de una de las tradiciones más sagradas de la democracia estadounidense.

La magnitud de la crisis actual exige ambas medidas. La amenaza que el presidente representa para nuestra democracia no es de corta duración y debe ser cortada urgente y decisivamente, antes de que conduzca a una degradación aún mayor de los procesos democráticos estadounidenses.

Para hacer esto, el gabinete y el Congreso deben implementar la enmienda 25 y el juicio político en secuencia. Primero, el vicepresidente Pence y la mayoría del gabinete deben invocar la Sección 4 de la enmienda 25 para hacer una declaración de que Trump es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Esto suspendería inmediatamente a Trump del ejercicio de sus funciones y nombraría a Pence como presidente interino.

En segundo lugar, la Cámara debería redactar y aprobar rápidamente artículos de acusación. Y luego, el Senado debería celebrar un juicio justo, pero inmediato y eficiente, tanto para destituir al presidente Trump de su cargo como para descalificarlo de servir en un cargo público en el futuro. El precedente sugiere que el Senado probablemente necesitaría realizar dos votaciones separadas sobre la destitución y la descalificación, aunque la votación de descalificación puede requerir solo una mayoría simple para ser aprobada, a diferencia del voto de dos tercios necesario para la destitución del cargo.

La descalificación es necesaria dada la respuesta antidemocrática de Trump a las elecciones de 2020 y el peligro continuo que representará para las normas constitucionales si se le permite coquetear con un regreso al poder en 2024. De hecho, la importancia de la descalificación en este caso es tal que el Congreso debería proceder con el juicio político incluso si el mandato de Trump en el cargo ya ha concluido.

Un voto público y un juicio rápido en el Senado darían una legitimidad muy necesaria a las acciones para destituir a Trump de su cargo. Al obligar a los republicanos a defender la democracia y en contra de las acciones del presidente, también reafirmaría el apoyo bipartidista a los principios fundamentales de la democracia estadounidense.

¿Por qué hacer esto cuando solo quedan unas dos semanas del mandato de Trump? Porque debemos defender nuestra democracia para todos los estadounidenses, ahora. Y debemos preservar nuestra democracia para los futuros estadounidenses. Debemos tranquilizar al mundo, y especialmente a los posibles regímenes autoritarios, sobre cuál será la política de EE.UU. en cuestiones de libertad y autogobierno ahora y en el futuro.

–Glosado y editado–

© The New York Times

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