El limbo de la mala gobernanza de Puerto Rico

Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero no es un estado. Es un territorio (y un estado libre asociado) con su propia constitución, aprobada por el Congreso estadounidense. La isla está sujeta a la legislación federal, el dólar estadounidense es su moneda y los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, aunque no pueden votar en las elecciones federales y no tienen un representante con derecho a voto en el Congreso. También hay diferencias entre el continente y la isla en lo que respecta a las prestaciones sociales federales, el tratamiento del impuesto sobre la renta, la normativa empresarial y otras medidas.

Los vínculos de Puerto Rico con el continente son importantes. La ciudadanía estadounidense permite la libre circulación de personas hacia y desde el continente, y el dólar y la legislación estadounidense tienen un claro valor. En el 2020, la renta per cápita de Puerto Rico era de US$31.430, muy por debajo de la media estadounidense de US$69.300, pero muy por encima de la mayoría de los países latinoamericanos.

Sin embargo, la economía de Puerto Rico ha ido mal en las últimas dos décadas, y se estima que su renta per cápita ha caído alrededor de un 12% en términos reales (ajustados a la inflación) entre el 2004 y el 2020. Su población se ha reducido, ya que muchos han emigrado al continente. La mancomunidad ya estaba en bancarrota en el 2015, antes de que los huracanes María (2017) y Fiona (2022) devastaran la isla. Estas catástrofes naturales agravaron los efectos de la flagrante mala gestión económica, que refleja en gran medida la interacción entre las políticas federales estadounidenses y las propias políticas de Puerto Rico.

Por ejemplo, las políticas laborales puertorriqueñas han concedido durante mucho tiempo a los empleados más derechos en relación con sus homólogos en el continente. Aunque la isla está sujeta al salario mínimo federal –que ya es demasiado alto para ella, dada su baja renta per cápita–, sus propias leyes fijan el salario mínimo aún más alto. Los empresarios también se enfrentan a sanciones por despidos después de tres meses de empleo (lo que desalienta los programas de formación) y las disposiciones sobre bajas por enfermedad, vacaciones y días festivos son más generosas que las del continente.

Estas medidas dieron lugar a una tasa de formalidad de solo un 40% en el 2015 (en comparación con el 62% de Estados Unidos). En consecuencia, había un sector informal muy grande, y el empleo a tiempo completo con el salario mínimo suponía alrededor del 77% de la renta per cápita, en comparación con el 28% en el continente a mediados de la década pasada. Estas condiciones contribuyeron a la elevada tasa de emigración. Debido a sus omnipresentes y desacertadas políticas económicas, Puerto Rico ocupó el puesto 65 (de 190) en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial en el 2020, en comparación con el puesto 47 obtenido en el 2015.

Al igual que sus leyes laborales, la triste historia de Puerto Rico en cuanto al suministro de electricidad también es bastante reveladora. Partes de la isla se quedaron sin electricidad durante meses después del huracán María, y a pesar de que se gastaron miles de millones de dólares para restaurar la red después de ese episodio, gran parte de la isla se encontró de nuevo sin electricidad después de Fiona. Mucho antes de María, el suministro eléctrico de la isla era errático y poco fiable. Al estar gestionado por una compañía eléctrica de propiedad y gestión gubernamental, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no se cobraba a las entidades públicas por su uso de la electricidad, y las tarifas también se mantenían bajas para los usuarios comerciales y residenciales.

Como este enfoque obviamente no era sostenible, la AEE descuidó el mantenimiento y pidió prestados miles de millones de dólares a acreedores extranjeros simplemente para seguir funcionando. Se produjeron con frecuencia fallos en los generadores, apagones, lesiones y muertes de trabajadores y violaciones del medio ambiente. Pero los costos también eran más elevados de lo necesario; entre otras cosas, porque la Ley Jones de EE.UU. (que prohíbe a los barcos registrados en el extranjero transportar mercancías entre puertos estadounidenses) había aumentado el precio del petróleo, el principal insumo para la energía eléctrica de la isla.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de EE.UU. (FEMA) está facultada para financiar la reconstrucción de las líneas eléctricas y proporcionar algunos fondos para mejorar la resistencia, pero no para revisar todo el sistema. Si no se realizan mejoras, los daños del próximo gran huracán serán tan extensos como los del anterior, e igual de costosos tanto para Puerto Rico como para la FEMA. Aunque el coste de la modernización superaría el coste de la sustitución esta vez, sería mucho menor que el coste de sustituir repetidamente (y colocar mal) la red anticuada y vulnerable. Sin embargo, por ley, la FEMA no puede pagar esa actualización.

Puerto Rico ha celebrado seis plebiscitos sobre su estatus desde 1967, en los que sus residentes han votado sobre opciones que van desde el mantenimiento del status quo hasta la búsqueda de la independencia. El hecho de que la cuestión siga sin resolverse ha perjudicado la toma de decisiones a nivel federal y del Estado Libre Asociado. Del mismo modo, Puerto Rico se ha perdido algunos de los beneficios de la estadidad. Si se convirtiera en un estado estadounidense, recibiría unos US$12.000 millones más al año del gobierno federal.

La experiencia de Puerto Rico ofrece muchas lecciones. Pero una de las más importantes es que es fundamental crear y mantener instituciones que puedan tomar decisiones de política económica adecuadas en todos los niveles del gobierno.

–Glosado, editado y traducido–

© Project Syndicate, 2022