El MTC en retroceso

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se ha comprometido desde el inicio de la gestión del Gobierno de Pedro Castillo a varias mesas de diálogo y a la suscripción de actas, pues hubo una gran cantidad de acuerdos políticos con los diversos gremios del sector Transportes durante la campaña, sin conocer la problemática, sus causas y, especialmente, la visión y el objetivo sectorial. Por esa razón, designaron a un profesor y director de escuela como ministro de Transportes y Comunicaciones sin pensar que la gestión pública requiere de conocimiento y especialización. En ese contexto, se recibió la convocatoria de diversos gremios con sus respectivos pliegos de reclamos: los informales, los colectiveros, los taxistas, los de rutas interprovinciales y los de rutas en Lima y el Callao, etc.

El MTC y los gobiernos regionales y locales han descuidado por muchos años los servicios del tránsito terrestre, dando como resultado un parque automotor desfasado, caótico, informal e inseguro. Tal es el descuido que recién desde hace unos años se cuenta con una Política de Transporte Urbano y una autoridad para que la formalice, la ordene, la regule y la modernice –la ATU– para el ámbito de Lima y el Callao, que cuenta con grandes desafíos y pocos niveles de avance en las reformas.

Los actores claves para las mejoras de los servicios de transporte son las direcciones de autorizaciones y de fiscalización, las mismas que cuentan con presupuestos insignificantes (menos de aproximadamente el 5% del presupuesto en los tres niveles de Gobierno) y más bien, son burocráticas, con baja calidad en los servicios que brindan y con alta propensión a la corrupción en las emisiones de los títulos habilitantes (como licencias, rutas, etc.) y en el proceso sancionador de la fiscalización. El ente rector de dichos procesos y mejoras es el MTC, pues su normativa y reglamentos son las reglas de juego para los tres niveles de gobierno que pueden ser complementadas mediante ordenanzas sin desnaturalizarlas; sin embargo, esto en la práctica ha sido débilmente fiscalizado.

Entre los compromisos que se vienen trabajando con la Sutrán hasta el momento está el de contar con un programa de regularización de sanciones y multas en el que una parte de los gremios demanda la completa anulación de sus papeletas sin considerar que algunas de ellas fueron colocadas por la comisión de faltas muy graves. Otra demanda que solicitan es la desaparición de la Sutrán; ante ello, el compromiso que el MTC dio fue que la reestructuraría, para lo que se viene coordinando un grupo técnico que permita mejorar su organización y sus principales procesos, con la finalidad de descentralizar y mejorar la capacidad de prevención, fiscalización y sanción.

En esa línea, un pedido por parte de los gremios es flexibilizar la capacidad sancionadora por el incumplimiento de las normas y que cuente con criterios de graduación de los servicios de transporte y tránsito terrestre, así como de los servicios complementarios al transporte y tránsito terrestre (centros de inspección técnica vehicular, escuela de conductores, talleres de conversión a gas, etc). Un tema muy sensible en estos meses, cuya mesa temática ha sido la más compleja en la negociación, es la que se vincula al Reglamento de la Ley de los Colectiveros, pues estos, en la práctica, compiten informalmente en el mercado de rutas con los buses formales interprovinciales masivos y que suelen ser los más fiscalizados, regulados y sancionados. Queda claro que el gremio de los colectiveros viene ejerciendo una presión política para que la mayoría de estos pueda ingresar al mercado de manera formal, sin considerar las condiciones de confort y seguridad vial para los usuarios.

No cabe duda de que el desafío de la Sutrán debe pasar por una mejora de sus procesos. Para ello, es importante implementar la automatización de estos, empezar a contar con sistemas inteligentes de transporte para mejorar la fiscalización con absoluta transparencia, simplificar su procedimiento sancionador, adoptar mayores acciones preventivas y educativas, y organizar a su recurso humano en función de la problemática nacional y las brechas que deben ser atendidas geográficamente.

Debemos tomar en cuenta que “un ciego no conduce a otro ciego” y que se requiere de capacidades técnicas y éticas para liderar el MTC. El exministro del sector, Juan Silva, no solo demostró incompetencia, sino que ha propiciado un copamiento institucional que viene erosionando la gestión del sector reduciendo los estándares meritocráticos y utilizando criterios como el mero carné partidario, la procedencia chotana, el ser amigo de algunos congresistas (como en el caso de Enrique Wong) o la lógica de negocios (como se aprecia en la presunta organización criminal que se habría coludido para amañar la licitación del Caso Puente Tarata III). Así es como se cubren los principales cargos directivos y del personal a través de la figura de terceros, cuyas políticas e impactos influyen en el crecimiento económico y la competitividad del país. El actual ministro Nicolás Bustamante solo sigue la misma secuencia de lo ya dejado: incompetencia, falta de rumbo y concesiones a las presiones políticas gremiales sin pensar en los puntos medios en las técnicas de negociación. Y, lamentablemente, lo sabido es que, a río revuelto, ganancia de mafiosos y de vivos.