Nos ha invitado El Comercio a escribir sobre las propuestas económicas de las candidaturas de izquierda. Por razones de espacio, decidimos concentrarnos en dos: las del señor Yohny Lescano y de la señora Verónika Mendoza. Veintitantos años de “modelo liberal” han reducido ostensiblemente la pobreza y la mortalidad infantil en su Puno y su Cusco natales, para no hablar del resto del país ni de otros indicadores del progreso. Ambos, sin embargo, perseveran en su ser.
—Yonhy Lescano—
Lescano ha ido cambiando el énfasis de sus propuestas. Al principio se enfocaba en la reactivación. Ofrecía crear cinco millones de empleos con inversión pública, una propuesta inviable porque, solamente en remuneraciones, costaría la mitad del presupuesto de la república. Innecesaria, además, porque los empleos que se perdieron con la pandemia ya se están recuperando.
Luego pasó a hablar de aumentar los impuestos a la minería y “desglobalizar” la economía. Subir a 70% la tasa del impuesto a la renta para las mineras es, sin duda, la más radical y la más nefasta de sus propuestas. Pocos proyectos de inversión serían rentables si tuvieran que pagar esa tasa. Pero también se verían afectadas las minas que ya están en operación. Las vetas menos ricas en mineral dejarían de explotarse, reduciendo a corto plazo la producción y el empleo.
En cuanto a la “desglobalización”, no es muy claro lo que significa. Parecería una de esas declaraciones líricas sobre la priorización del aparato productivo nacional. El peligro es que la lírica dé paso a una épica proteccionista que termine, como suele suceder, enriqueciendo a unas cuantas empresas protegidas y forzando al consumidor a comprar productos caros y de mala calidad.
Últimamente ha aparecido en su discurso la idea de una pensión universal de 1.000 soles. El financiamiento, a juzgar por el plan de gobierno de su partido, provendría de los impuestos. Contando solamente a los actuales pensionistas de la ONP, la propuesta le costaría 20.000 millones de soles anuales al fisco. Cuando esa carga se vuelva insostenible –como se volverá, al hacerse extensiva a los afiliados que se jubilan sin pensión y a los que aportan actualmente a una AFP–, el nuevo sistema comenzará a reducir las pensiones, tal como ocurría con el antiguo Seguro Social hasta la década de 1990.
—Verónika Mendoza—
En el caso de Mendoza, hay que prestar atención a las cosas que ha dicho y a las que no ha querido decir. Desde el principio ha propuesto dos bonos de 800 soles cada uno, en agosto y setiembre, a un costo fiscal de 15.000 millones de soles. Eso supone diez millones de beneficiarios, muchos más de los que han perdido sus empleos o han visto mermados sus ingresos. A futuro, esos bonos se transformarían en un Ingreso Básico Universal, haciendo permanente (y más grande) el gasto.
También ha propuesto créditos baratos para las mypes y los pequeños agricultores, con garantías estatales, y la creación de un Banco de Fomento Rural y Agrario. Nuestra experiencia con la banca de fomento ha sido pésima. Le costó miles de millones al fisco a fines de los años 80 del siglo pasado, y fue una de las causas de la hiperinflación. Las metas de expansión del crédito, por otro lado, son una invasión de la autonomía del Banco Central de Reserva, tanto como la propuesta de reducir la tasa de interés de referencia a cero.
Así como el gobierno del expresidente Humala, con el que Mendoza y su entorno tuvieron cierta cercanía, impulsó la dispendiosa modernización de la refinería de Talara, ahora propone impulsar la construcción de una planta petroquímica en el sur. Un proyecto que costaría miles de millones de dólares y para el cual no hay demanda local suficiente, a menos que se la subsidie.
¿Cómo piensa financiar tantos bonos, garantías y subsidios? La respuesta fácil es cobrar las multimillonarias deudas tributarias de las grandes empresas. Pero olvida decir que esas deudas están en litigio. Olvida también decir si va a respetar el debido proceso o piensa cobrarlas arbitrariamente. Quizás el fisco no tenga razón y el financiamiento soñado no exista.
En materia de pensiones, Mendoza propone la creación de un sistema nacional de seguridad social “integral, universal, solidario y público”. Ya sabemos cómo terminará eso. La gran pregunta, que su plan de gobierno esquiva, es qué pasará con los ahorros acumulados en el sistema privado de pensiones, sobre todo en un gobierno que parecería nacer con tanta necesidad de fondos.
*Asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP.
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