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Según el Ministerio del Interior, 6.000 celulares son robados diariamente en el país. Sosteniendo que es imposible resguardar con un policía a cada ciudadano, el ministerio ha anunciado la campaña Celular Robado, Celular Bloqueado para atacar el problema desde su raíz, destruyendo el mercado de celulares robados.
Lo anterior se logrará desincentivando el comercio informal de celulares, tanto por parte de los delincuentes como de las personas que los demandan; estimándose una reducción de 40% en el robo de celulares este año.
Para ello, los operadores han enviado mensajes de texto a 50.000 celulares que están registrados en Osiptel como robados, otorgando a sus poseedores un plazo de 48 horas para que retornen estos celulares a los operadores o podrían ser penalizados con cárcel.
La cantidad de mensajes irá aumentando semana a semana. La medida será reforzada con campañas de difusión (para que nadie diga que lo cogieron por sorpresa) y operaciones policiales.
¿Cuán viable es esta política? Recordemos que la lucha contra el robo de celulares viene desde el 2006, cuando se obligó a los operadores a llevar un registro de celulares a fin de contrastarlos con los que se reportaban como robados.
Más aun, ya se normaba con pena privativa de libertad a quien adulterara los teléfonos. Posteriormente se incorporó el sistema de verificación de identidad y la baja de aquellos celulares no identificados. Con todo, los robos continuaron.
La novedad es que ahora el énfasis no recae en el delincuente sino en el usuario. Es como si para eliminar el comercio ilegal de drogas, se penalizara no solo al comerciante sino también al consumidor. Esta vez, se penalizará también al que compre celulares robados, sabiendo que nadie se puede excusar por desconocimiento de la ley.
La medida ataca el problema desde la demanda, concientizando al ciudadano para que no compre celulares informales. Un antecedente sería el uso de cinturones de seguridad, cuando antaño nadie los usaba y con una campaña de difusión se logró que hoy todos lo usen.
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Sin embargo, el castigo de no usar cinturones era una multa, mientras que el castigo de usar celulares robados podría ser la cárcel. Qué tan creíble y aplicable resulte dicha amenaza determinará el grado de concientización de la población, considerando que la escasa aplicación de penalidades a los ladrones no los desincentivó de seguir robando.
Por otra parte, no está claro cuál será el destino de los celulares devueltos en caso no se identifiquen a sus usuarios originales. La opción más recomendable sería destruirlos.
Además, si bien esta política podría motivar el desarrollo de un mercado formal de dispositivos, también disminuirá drásticamente la venta, ya que los equipos robados representan aproximadamente el 25% de la demanda anual de celulares.
Cabe resaltar que la medida limita al usuario a disponer de la cantidad de celulares que desee. Por ejemplo, no puede usar su chip en otro celular prestado a menos que registre dicho celular a su nombre.
Es decir, el Estado está privilegiando la seguridad sobre la libertad de elección. Esto no es nuevo, ya en otra norma con respecto a la geolocalización e intervención de las comunicaciones móviles dispuestas por el Poder Judicial, el Estado optó por la seguridad sobre la privacidad.
En conclusión, es comprensible que a más de una década de una lucha infructuosa contra el robo de celulares, el Estado se decante por alternativas adicionales. Pero es importante prevenir las consecuencias en otros aspectos más allá de la seguridad.
