¿Hay indicios de que A. García cometió delito?

A FAVOR

1. Yonhy Lescano / Congresista de la bancada de Acción Popular-Frente Amplio
2. García bajo la lupa

Durante los meses que fui miembro de la megacomisión constaté importantes elementos que podrían determinar la responsabilidad penal del ex presidente Alan García por el delito de asociación ilícita para delinquir:

El dictado de numerosos decretos legislativos por su gobierno, cuyo denominador común era simplificar procesos y suprimir controles en la disposición del dinero del Estado. Con este armazón legal, se contrató empresas designadas a dedo por miles de millones de soles, cuyo resultado, por ejemplo, ocasionó que muchos de los llamados colegios emblemáticos quedaran en el suelo o mal construidos. Otro ejemplo es la simplificación del proceso para el otorgamiento de los indultos a internos que permitieron que se ponga en libertad a cientos de condenados por narcotráfico, algunos dicen a cambio de miles de dólares.

El dictado de normas para aparentar que se asignaba a funcionarios de segundo nivel –como los secretarios generales– la facultad de efectuar contratos millonarios en representación del Estado, evitando así que los ministros asuman responsabilidad por contrataciones irregulares. Con estos dos elementos de juicio se puede concluir que el ex presidente García no solo conocía sino firmaba normas para facilitar la disposición dolosa del dinero estatal presuntamente a cambio de contraprestaciones delictivas.

La verificación de que fueron las acciones irregulares las que permitieron la desaparición de pruebas cuando se detectaron actos de corrupción como son los negociados ilícitos de los ‘petroaudios’. En efecto, este caso demuestra que hubo acciones, reuniones y conversaciones que provocaron la caída de todo un Gabinete del gobierno de García y que varios de sus importantes funcionarios estén procesados penalmente. Las grabaciones de estas conversaciones quedaron registradas en cuatro USB incautados en la casa de Giselle Gianotti, sentenciada por interceptación telefónica. Según el ex ministro del Interior Remigio Hernani y el director general de la PNP Remicio Maguiño fue el propio García quien dispuso la intervención del entonces general Miguel Hidalgo, que no tenía competencia para la incautación de estos dispositivos, pues era jefe de la Dinandro (drogas) y no de la Dinincri (investigación criminal). Como se sabe, esta última dirección de la PNP tenía como competencia legal la investigación del caso. Finalmente, estos USB que contenían las grabaciones de las conversaciones sobre negocios dolosos en el gobierno de García desaparecieron. Hay fotos que demuestran que los USB incautados tenían características totalmente distintas a los entregados por la policía a la fiscalía; esto demostraría que fueron cambiados para desaparecer pruebas de corrupción.

Todos estos hechos, sumados a los programas de instalación de agua potable (en los cuales se sobrevaloraron obras) y otros casos que no han sido vistos por la megacomisión demuestran que García era parte de un grupo de funcionarios públicos de alto nivel que sabían lo que hacían y que actuaron sin cumplir con la ley.

Por ello, considero que el ex presidente García debe someterse a una investigación judicial más rigurosa para responder por estos y otros cargos a fin de evitar que la impunidad de los delitos sea un denominador común en el poder.

EN CONTRA

1. Mauricio Mulder / Congresista de la bancada de Concertación Parlamentaria
2. Es una payasada

Solo las mentes retorcidas por el odio y el miedo político pueden atreverse a disfrazar de “análisis jurídico” lo que es un hecho evidentemente político. Nada de lo que haga Alan García, ninguna de sus respuestas, ninguna de sus explicaciones será tomada en cuenta si van contra el objetivo político de arrinconarlo y cerrarle el paso para las elecciones del 2016. No tienen un solo hecho relevante que compruebe que se ha cometido un delito, solo interpretaciones antojadizas que convierten cualquier conducta en delictiva. ¿Comete delito un congresista ‘robacable’ o ‘comeoro’? Entonces el señor Tejada es también delincuente porque, al integrar el mismo colectivo de esos congresistas, es parte de una “asociación ilícita para delinquir”. Así se ha trabajado, con ausencia total de escrúpulos intelectuales siquiera para disimular su ignorancia jurídica. Hasta Stalin en sus purgas se cuidaba de atribuir hechos delictivos aunque fueran falsos, para salvar las apariencias. Nunca se le ocurrió condenar por actos no delictivos como si lo fueran.

Sin embargo, las imputaciones delictivas son un chiste porque la comisión y eventualmente el pleno, si las aprobase, las remitirá al Ministerio Público y este al Poder Judicial, el que sin duda las archivará. Al establecerse fehacientemente que se han violado los DD.HH. de Alan García y de los demás imputados, no solo anunciará que no procesará esas acusaciones sino que estas terminarán convirtiéndose en el bumerán con el cual, por inconstitucionales, servirán para acusar constitucionalmente a sus perpetradores.

Lo mismo sucede con la famosa “infracción constitucional” que se buscará concluya con una inhabilitación, verdadero plato de fondo de toda esta payasada. La Corte Interamericana de DD.HH., la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya han establecido que no puede inhabilitarse a nadie por conducta que previamente no ha sido determinada en una ley. Principio básico del derecho que tiene más de 2.500 años. La inhabilitación que pretenden imponer los mediocres que creen que la tienen fácil para las elecciones del 2016 sacando a García de la contienda no durará un minuto después de votada, porque cualquier juez simplemente la inaplicará por inconstitucional.

Por ejemplo, se quiso imputar “infracción constitucional” por haber promulgado una ley aprobada por el Parlamento por unanimidad. Otra, por haber emitido un decreto de urgencia a fin de remodelar los colegios emblemáticos. Es decir, por actos propios de la función, sujetos a control parlamentario, se busca sancionar. Con ese criterio, si dentro de tres años no nos gusta una ley aprobada por el Congreso actual, inhabilitaremos por diez años a todos los congresistas que la aprobaron. Esto dejaría de ser una civilización y volveríamos a la guerra de las cavernas.

Así que no nos hagamos los impolutos, los justicieros ni los preocupados por la corrupción ajena, que para la propia hay ojos ciegos. Son pamplinas inconsistentes que no cumplen ni siquiera con dar apariencias. Seamos claros: estamos ante un grupo de sicarios políticos con un objetivo político: manchar el exitoso gobierno aprista, con los más altos índices de crecimiento económico y de reducción de la pobreza jamás vistos en nuestra historia, para estigmatizarlo con la corrupción y tener arrinconados a los apristas.

Conocemos bien la historia. Y también sus resultados. Ya nos veremos las caras más adelante.